Cáritas es sinónimo de atención a los más necesitados de la sociedad. Y son más de lo que, a priori, percibe el ciudadano medio. El año pasado, 3.500 personas en situación de exclusión o pobreza recibieron asistencia en La Rioja en alguno de los programas de esta entidad de la Iglesia católica. El timón de la dirección regional acaba de tomarlo José Andrés Pérez, que releva en el cargo a Fernando Beltrán. De discurso pausado y sin estridencias, Pérez habla, sin embargo, sin tapujos y con la clarividencia que dan la experiencia y una inquebrantable vocación de ayuda.

En el primer semestre, el Banco de Alimentos ha repartido un 8,4 por ciento más comida que en 2022 y lo atribuye a la llegada de migrantes. ¿Cáritas también lo percibe?
Sí. Han llegado muchos inmigrantes, sobre todo latinoamericanos y fundamentalmente colombianos, aunque también venezolanos. Y son personas en situación administrativa irregular, pero que están aquí y en su mayoría vienen con intención de quedarse. Su número ha aumentado mucho, aunque no tenemos cifras, porque como es evidente al no tener papeles solo se pueden hacer estimaciones. Y tienen la problemática de que no pueden trabajar legalmente ni acceder a las ayudas, con la excepción en Logroño de unas que recibimos del Ayuntamiento Cáritas y Cruz Roja para estos colectivos. Se da la paradoja de que en muchos sectores se necesitan trabajadores, pero por su situación de irregularidad estas personas no pueden acceder a esos trabajos. 

¿Y qué solución ve Cáritas ante ese contrasentido?
Cáritas y otras organizaciones presentamos  el año pasado una iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Diputados pidiendo un proceso extraordinario de regularización, que ya ha habido varios. Y además estamos constantemente ante la Administración y las autoridades presentándoles esta paradoja de que como no están legalmente es como si no estuvieran, pero la realidad es que están. Y los procesos de expulsión masiva no son la solución ni deseable ni posible.

¿Y qué respuesta ha habido a esa iniciativa legislativa popular?
En el Parlamento, para unas cosas se dan mucha prisa y para otras, ninguna. Ahí está presentada...Pensamos que estas personas son necesarias y esa famosa frase de 'nos roban el trabajo' es mentira. Hay muchos sectores que no encuentran trabajadores y muchas personas que están aquí podrían hacerlo muy bien, porque en general son jóvenes y eso aporta muchas cosas a una sociedad envejecida como la nuestra. También es mentira que los centros de salud y los hospitales estén llenos de inmigrantes; están llenos de españoles  mayores. A nivel riojano, también hemos planteado abrir el acceso a la renta de ciudadanía para que puedan recibir esas ayudas, como están haciendo otras comunidades.

¿También acuden a Cáritas ucranianos, al seguir  la guerra en su país?
Es otro perfil distinto, porque no vinieron tantos como se anunció, muchos vinieron de paso, otros han vuelto y llegaron con un estatuto especial que les aseguraba una protección. Y los ucranianos quieren volver a su país. Había que acogerlos de todas todas, claro, porque venían de una situación terrible; pero es muy peligroso hacer distinciones, porque hay otros que huyen de otras violencias o de la miseria, y todas son razones muy poderosas; debemos mirar a todos con los mismos ojos.

¿Y qué requieren principalmente los usuarios de Cáritas?
Vienen pidiendo de todo, pero estamos viendo que se disparan las peticiones de acceso a la vivienda, que es un auténtico problema. Hay poca vivienda en el mercado y los alquileres son caros. Hoy en Logroño, por menos de 250 euros no se encuentra una habitación, que es lo que buscan muchas personas. Nosotros estamos destinando una parte importante de nuestros recursos a ayudas al alquiler. Muchos inmigrantes tienen el problema añadido de las dificultades para hacer un contrato de alquiler si no tienen papeles o no pueden presentar un contrato de trabajo. Intentan buscarse la vida y acaban trabajando en la economía sumergida, que la estamos fomentando, legal y hasta políticamente, porque si se sabe que en Logroño puede haber 1.500 inmigrantes irregulares, de algo tienen que comer. Acaban explotados y sin contribuir a la sociedad. 

¿Hay mucha explotación laboral?
Hay algún estudio que calcula que en España hay por lo menos un 20 por ciento de economía sumergida. No cotizan a la Seguridad Social para jubilarse ni para el desempleo. Y eso del salario mínimo no existe, porque hay gente que trabaja ocho, diez y más horas por 600 euros al mes;conocemos muchos casos de este tipo. Es decir, la economía sumergida tiene a las personas en situación de mera supervivencia y sin perspectivas de futuro. 

El Banco Central Europeo ha anunciado otro aumento de los tipos de interés y el euríbor no para de subir. ¿Veremos en breve gente en Cáritas que no puede pagar la hipoteca?
Por el momento no. Sí tenemos la experiencia de la crisis de 2009, que fue terrible. Es verdad que entonces la gente se quedó sin trabajo y no pudo pagar las hipotecas. Es un peligro siempre real, aunque la situación ha mejorado, porque los bancos ya no ejecutan con tanta alegría y a veces ofrecen alternativas. La subida del euríbor puede afectar en que muchas familias tengan que recortar en otras cosas, también esenciales. 

Los últimos datos de la tasa Arope indicaban que la población en riesgo de pobreza en La Rioja ha descendido. ¿Tienen esa misma percepción de cierta mejoría?
Los datos son difíciles de interpretar, porque venimos de dos situaciones excepcionales, la crisis de 2009 y la pandemia. Disminuyen los datos, sí, pero respecto a esas situaciones. Lo que vemos es que hay un porcentaje en torno al 20 por ciento en España y un 17 por ciento en La Rioja que desde hace muchos años está en situación de riesgo, y no hay manera de disminuir ese porcentaje significativamente. Algo estamos haciendo mal todos cuando eso se ha convertido en estructural en España. 

¿Y qué es lo que falla?
Las medidas que se aplican son más bien parches, pero no hay políticas claras para atacar este problema; en definitiva, no hay una política integral que abarque la situación de estos colectivos. Es evidente que lo más urgente es acudir a situaciones de primera necesidad, pero el objetivo tiene que ser que esas personas se integren plenamente en la sociedad. Eso es posible y hay formas de hacerlo, pero hace falta voluntad y destinar los recursos necesarios.

 ¿Cree que el ciudadano medio tiene la sensación de que casi dos de cada 10 personas con las que convive son pobres?
No. En general pensamos que vivimos en una sociedad que está bien. Estoy harto de escuchar que aunque hablamos mucho de los pobres, los restaurantes están llenos. No digo que todos los riojanos seamos pobres; hay un 80 por ciento a los que nos va bien, pero hay un 20 por ciento que pisa nunca un restaurante y, de esos, un 10 por ciento que como mucho come carne una vez a la semana; y un siete por ciento son familias que nunca encienden la calefacción, viven en una habitación de un piso compartido y dejan de seguir tratamientos médicos, porque no puedan pagar las recetas. Pero aunque las cifras fueran la mitad, una sociedad como la nuestra, con los recursos que tiene, no lo debe tolerar. Debemos poner los instrumentos para construir una sociedad verdaderamente inclusiva, que es una palabra que está de moda. A ver si hablamos en serio de inclusión.

¿A qué se refiere?
Estoy totalmente de acuerdo con la inclusión de los discapacitados y gracias a Dios hemos avanzado mucho, pero nosotros insistimos en que la inclusión social es absolutamente necesaria. Pero se invisibiliza, se trata con parches, no se ataja a fondo y es una asignatura pendiente. 

¿Y no ve avances?
No se avanza, nos mantenemos en las mismas cifras.

¿No hay un empeño claro de los poderes públicos para avanzar?
Cuando hablamos con representantes de distintos signos políticos, porque en Cáritas tenemos buena relación con todos, vemos una cierta voluntad que luego se estrella con inercias de tipo administrativo y legislativo. Se destinan muchos recursos, pero no de la mejor manera. 

¿Qué es lo que no se hace bien?
En Cáritas tenemos una experiencia y cuando se hace un proceso de acompañamiento de personas en riesgo de exclusión social es integral y sostenido y muchas de esas personas pasan a inclusión. La Administración tiene el problema de la compartimentación y la falta transversalidad. Hay departamentos de vivienda, servicios sociales... 

Hay quien opina que el ingreso mínimo vital o la renta de ciudadanía desincentivan a quienes las perciben a buscar trabajo. ¿Ocurre esto?
No. Puede haber algunas personas que sí se conformen con esas ayudas, pero son las menos. La mayoría querría encontrar los medios para llevar una vida normalizada. Pero son prestaciones mínimas, que muchas veces adolecen de un enfoque integral, porque se da una prestación y ahí se queda. Esta prestación debería complementarse con otras medidas que ayuden a salir a estas personas de su situación, de forma que en un momento dado ya no necesiten esas ayudas. A esto se añade que el ingreso mínimo vital, que fue muy ambicioso en su diseño, se hizo con una ley con muchos errores, apresurada, y que se aplicó mal por quien no tenía que aplicarla, porque se le confió a la Seguridad Social, que no tiene experiencia en este mundo, en lugar de a Servicios Sociales.

¿Y que consecuencias tiene eso?
Las personas con las que trabajamos en Cáritas no tienen los instrumentos para acceder a la administración electrónica, las citas previas... De manera que el ingreso mínimo vital tiene muchas cosas buenas, pero también muchos problemas. El mismo Ministerio es consciente de ello y hace unos meses encargó un estudio, que cuesta cuatro millones de euros, para detectar cuáles son los fallos en la aplicación de este ingreso. Por la renta de ciudadanía, nosotros luchamos muchísimo, pero se tienen que complementar con otras cosas. En su primer diseño, la ley del ingreso mínimo vital pedía para recibirlo la declaración de la renta del año anterior, cuando estas personas no la han hecho nunca porque no tenían nada de declarar o estaban en la economía sumergida. Con ese requisito se expulsaba a la mayoría de los beneficiarios. 

¿El hecho de que además de asumir la dirección de Cáritas sea usted delegado diocesano de Acción Caritativa y Social significa un mayor componente religioso en la gestión de la entidad?
No. Cáritas tiene una clara identidad católica, pero a nosotros nos preocupan las personas, vengan de donde vengan y tengan la religión que tengan. No hacemos nunca exclusión por origen étnico ni religioso, jamás. Ni hacemos proselitismo, porque nuestras ayudas jamás van ligadas a algún tipo de práctica religiosa. Otra cosa es que somos lo que somos, la Iglesia católica que se organiza para servir a todos y eso está en nuestro ADN.