Piden una reconstrucción de los hechos en el 'caso Cuzcurrita'

R. Muro
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El abogado Marcos García Montes y la hija del hostelero manifiestan su descontento con la investigación realizada por la Guardia Civil y solicitan nuevas pruebas y la repetición de otras

Varios agentes precintan el restaurante de Guillermo Castillo en una imagen de archivo - Foto: Ingrid

La familia de Guillermo Castillo, el  conocido hostelero de Cuzcurrita del Río Tirón asesinado el pasado dos de mayo en su propio domicilio de la localidad riojalteña, no está conforme con la investigación desarrollada por la Guardia Civil. De hecho, la acusación legal, ejercida por el mediático abogado Marcos García Montes, ya ha solicitado al juzgado de Instrucción número uno de Haro que se realice una reconstrucción de los hechos.

La irrupción del abogado contratado por la familia ha desencadenado el requerimiento de nuevas pruebas además de la repetición de otras ya desarrolladas en el marco de la investigación efectuada por el Instituto Armado. «No estamos contentos en cómo se ha realizado la investigación», insiste Yolanda Castillo, hija del conocido hostelero de Cuzcurrita. Tal es así, que, siempre en base al testimonio de Yolanda, «uno de los presuntos asesinos se fumó dos 'chinos' en la calle, junto a la casa de mi padre y nadie recogió ni analizó las colillas», asegura.

Son conscientes que para algunas de las pruebas solicitadas «es tarde, pero vamos a intentar llegar hasta el final», subraya entre evidentes síntomas de cansancio ante un caso que se prolonga en el tiempo. La solicitud de nuevas pruebas y la repetición de otras retrasa también la entrega del cuerpo de Guillermo, un hecho que añade más leña, si cabe, a una situación ya de por sí complicada para Yolanda Castillo.

La hija de Guillermo ha depositado todo el trabajo legal en manos del conocido abogado afincado en Madrid y éste promete agotar todos los cauces posibles dentro de la investigación. 

Mientras tanto, los únicos dos detenidos acusados del asesinato del hostelero riojano han comparecido ya en diferentes ocasiones ante el juzgado de Instrucción número uno de la ciudad jarrera. Hasta el momento, ambos se acusan mutuamente de las agresiones que provocaron la muerte de Guillermo, según las conclusiones extraídas por la Guardia Civil, con el móvil de un robo que se saldó con un ridículo botín de 600 euros.