Vaya por delante que parece acertada la decisión del jefe del Estado de encargar a Alberto Núñez Feijóo, ganador de las elecciones del pasado día 23 de julio, la formación del Gobierno, aun a sabiendas de que resultará casi imposible que pueda hacerlo. Invocar, como hizo el Rey, la "costumbre" de encargar esta formación de Gobierno al más votado, es decir, a Feijóo, en este caso, parece un proceder lógico. Pero, como va demostrando casi cada día la experiencia política española, la 'costumbre' ha dejado de existir, lo mismo que la tradición, en los usos de nuestros representantes.
Todo ha ido saltando por los aires desde que, hace nueve años, se declaró extraoficialmente abolido el 'espíritu del 78', o sea, el del consenso que produjo la Constitución. Y, desde entonces, lo que ha venido ocurriendo se envuelve en una suerte de nuevo período constituyente 'a plazos', que ha afectado a la principal institución, la Corona -la permanencia del llamado rey emérito en Abu Dhabi es buena prueba de la anormalidad-, al poder judicial, al parlamentario y al Ejecutivo, constituido en una coalición inédita.
Pedro Sánchez quiere, en aras de sus propios intereses, cerrar el círculo de ese período, aun a costa de profundizar en la división de las 'dos Españas'. Y, en lugar de buscar un acuerdo que sería casi constituyente, porque nuestra ley fundamental, de hecho incumplida en no pocos puntos, necesita urgentes retoques, estamos profundizando en el cisma: el PSOE, por un lado, se entrega a los dictados de un partido casi antisistema y el PP, por el suyo, depende, para llegar al poder, de una formación que trata de ilegalizar el independentismo, establecer una política de extrema dureza en Cataluña, que es el eje político de toda la nación, y alberga perfiles antieuropeístas, queriendo anclar a España en el pasado.
En estas condiciones, invocar la quizá buena y vieja 'costumbre', o sea, la tradición, en una situación en la que las tradiciones son un valor inexistente, parecería un acto hasta arriesgado por parte de Felipe VI. Creo que el Rey sabe mejor que nadie, que se hacen precisas fórmulas novedosas que desatasquen demasiadas cosas bloqueadas. Ambas Españas han de entender que tras la otra hay al menos diez millones de votos, con todas las matizaciones que usted quiera. Esta, con todos sus factores desgraciados, era, aún es, una buena oportunidad para desandar el camino erróneo y empezar a transitar por otros senderos. Pero lo que estoy escuchando en estas horas, tras la ronda de consultas del jefe del Estado, me convence de que la fórmula de respetar lo bueno, eliminando lo malo (partes de la normativa electoral, por ejemplo), e innovar en lo necesario -es en lo que consiste, en el fondo, un período constituyente--, no será lo que va a ocurrir.
Porque la 'costumbre' de dar de lado a Cataluña, principal problema político del país, ya no funciona; algunos usos sociales todavía defendidos por la reacción ya no están de hecho vigentes; hay cultos, protocolos y demasiadas leyes en franco desuso. Y, si se quiere ir más allá, desde el estado de bienestar hasta la separación de poderes, pasando, ya digo, por la Constitución y hasta por la seguridad jurídica, incluso por muchos conceptos de la territorialidad, hay elementos y valores fundamentales en crisis que acaso precisan de ajustes. O de una redefinición, desde una valoración mayor de la palabra dada, ahora sistemáticamente incumplida.
¿Se ha hablado de algo de esto en los contactos de algunas fuerzas políticas -no todos han querido ir a La Zarzuela, recordemos con quién encarna la jefatura del Estado? No sé si era el marco para hacerlo, pero alguien tendrá, en algún momento, que hacer un discurso de Estado, no simplemente de cómo llegar al poder, 'derogando' lo hecho por el antecesor. Y no parece probable que la Legislatura que se diseña vaya a estar dotada de la estabilidad, el sosiego y el diálogo precisos para cosas como una regeneración a fondo. Regeneración de usos y de costumbres.