El Fiscal solicita una pena total de más de 50 años de cárcel para los ocho acusados de un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a grupo criminal tras ser sorprendidos vendiendo o comprando droga, principalmente cocaína y heroína, en diferentes domicilios de Logroño y Varea. Las penas de cárcel van desde los 18 meses a los seis años, según la implicación de los acusados.

El juicio por estos hechos tendrá lugar el próximo 16 de octubre en la Audiencia Provincial.

Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, todos los encausados "puestos de común acuerdo y guiados por un ánimo de obtener un beneficio económico ilícito" -junto a otra persona declarada en rebeldía, por lo que no se formula escrito de acusación contra ella,- se dedicaban a vender y suministrar a terceras personas sustancias estupefacientes, principalmente cocaína y heroína, siendo unos los proveedores de los otros.

De esta manera, y tras varias investigaciones policiales, se tuvo conocimiento de la existencia de una vivienda situada en la calle Eliseo Pinedo de Logroño donde -al menos- durante varios meses de 2018, "acudían frecuentemente personas para proveerse de sustancias estupefacientes", entre ellas algunos de los acusados.

El escrito del Fiscal señala que estas personas "llamaban al portero automático o golpeaban con la mano las ventanas que estaban a pie de calle, para permanecer escasos minutos dentro de la vivienda".

Vigilancia policial

Por tal motivo se llevaron a cabo diferentes dispositivos de vigilancia policial por la zona "comprobándose cómo la vivienda era usada por uno de los acusados". En estos meses, los Policías observaron al menos 11 visitas y también constataron cómo a finales del mes de mayo de 2019, el acusado -alertado posiblemente por los compradores de la presencia de Policías en las inmediaciones de su domicilio- cambió de residencia a la calle Pío XII de la capital.

Además, a partir de entonces, utilizaba su teléfono móvil para informar sobre las entregas de las sustancias estupefacientes quedando para las entregas en lugares distintos a la vivienda.

Tras constatar estas situaciones, el Juzgado autorizó la intervención, observación, grabación y escucha del teléfono de los principales encausados. En estas intervenciones, los agentes comprobaron cómo "empleaban un lenguaje previamente acordado y concertado para referirse a sustancias estupefacientes". Los agentes pudieron comprobar más de 20 llamadas telefónicas.

De las intervenciones telefónicas y seguimientos policiales efectuados, también comprobaron cómo el principal acusado concertaba "con términos convenidos" la adquisición de sustancias estupefacientes con otros de los acusados.

Entre esos acusados se encuentran también una madre y un hijo, quienes habiendo sido ya condenados como autores de delitos de tráfico de drogas, venían adoptando medidas de seguridad para evitar exponerse ante intervenciones de la Policía.

Para ello, utilizaban dos domicilios -en Varea y en Logroño- utilizaban teléfonos móviles para las entregas de las sustancias estupefaciente y también empleaban diferentes términos de lenguaje convenidos previamente.

Además, para guardar las sustancias "utilizaban a otra persona acusada".

Tras recabar toda esta información, los agentes llevaron diferentes vigilancias policiales en todos estos domicilios y en sus móviles. Entre ellos, por ejemplo, el día 30 de abril de 2018 "tras recibir quejas sobre la exigencia de un punto de venta de sustancias estupefaciente, agentes de la Policía Local se apostaron en las inmediaciones del domicilio, observando cómo llegó al lugar una persona y se introdujo en el portal, saliendo al cabo de tres minutos. Este fue interceptado con heroína y cocaína diciendo que lo acaba de comprar".

Registros

Como este pase, el escrito del Fiscal relata otros muchos así como intervenciones telefónicas en donde concurren todos los acusados en esta causa. Finalmente se autorizó la entrada y registro de los diferentes domicilios.

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública y otro delito de pertenencia a grupo criminal. En dos de los acusados, además, concurre la circunstancia agravante de reincidencia. Ante ello, el Fiscal solicita penas de entre 18 meses y 6 años de cárcel. También solicita por responsabilidad civil una multa de más de 20.000 euros -entre 2.000 y 4.000 euros, según el grado de implicación en los hechos-.