Arranca esta medianoche la campaña que conduce a las urnas el 28 de mayo para elegir los parlamentos autonómicos en 12 comunidades y los 67.152 concejales de los 8.131 ayuntamientos españoles. En la antesala de las generales de fin de año, los grandes partidos y sus líderes están planteando esta cita electoral como una primera vuelta. Cuando dentro de quince días concluya el recuento de votos, abundarán las lecturas en clave nacional, se evaluarán liderazgos y asistiremos a cortejos y negociaciones que ahora solo se barruntan. Los resultados serán extrapolables o no, según ganadores o vencidos, y unos y otros volverán peligrosamente a obviar que la mayoría de los españoles acude a votar con pulsiones muy diferentes a las de despachos alejados de nuestros pueblos y ciudades. En la gran mayoría no importará mucho qué perfil adopta Yolanda Díaz en la batalla campal de la izquierda en Madrid, o si Isabel Díaz Ayuso confronta con el Gobierno, y viceversa. Tampoco se juzgan en esas urnas amenazas independentistas. Y quienes creen que las promesas de última hora en política de vivienda pueden ser un «cañón electoral» también pasan deliberadamente por alto que los ayuntamientos tienen ahí un menguado margen de maniobra.

Son, sin duda, las elecciones locales las que más escapan del tacticismo diseñado en los cuarteles de los partidos. Las motivaciones de voto suelen atender en este caso a un mosaico variado de situaciones, problemas y realidades diferentes a las de la polarización de la política nacional. Con competencias más administrativas que políticas y unos recursos mucho más limitados que el gobierno central o las autonomías, se ha relegado históricamente a las municipales y a los ayuntamientos a lugares inferiores a los de su genuina relevancia. Sin embargo, lo que se elige ahora son los auténticos gobiernos de proximidad, los que están en contacto con los problemas reales. Los ayuntamientos son algo así como la farmacia de guardia de la política, los que nunca cierran y el primer lugar al que acude la ciudadanía cuando surgen imprevistos. Alcaldes y concejales son los políticos de la calle, aquellos que no necesitan de las encuestas para saber qué piensan sus vecinos sobre su gestión.

Agravia, por ello, que los consistorios -vanguardia del desarrollo del estado de bienestar como intermediarios y conseguidores de recursos- aún no cuenten con el reconocimiento que merecen, ni con el desarrollo legislativo y financiero que sí se les otorga a las otras dos patas de la administración. Tras décadas reclamando más financiación y asumiendo competencias y gastos impropios, ha llegado la hora de una segunda descentralización a favor del municipalismo. Para contar con servicios eficientes, flexibles y de calidad, toca dar la batalla ahora por dotarlos adecuadamente y otorgarles un papel activo ante los nuevos desafíos de la sociedad. De eso debe ir la campaña del 28-M.