La campaña electoral del 28-M se ha enfangado hasta límites inimaginables y como ninguna antes otra. Denuncias y acusaciones sobre fraudes y compras de voto por correo se multiplican en vísperas de la cita con las urnas del domingo. Las propuestas y debates sobre asuntos locales y autonómicos, propios y necesarios en estos comicios, han quedado en gran parte cubiertos por el lodo en el que ha chapoteado estos días la política nacional. La mucho más que indecente inclusión de 44 etarras, siete de ellos con delitos de sangre, en las listas municipales de Bildu en el País Vasco, que desató la tormenta de arranque de campaña, parece ya muy lejana. De charco en charco, la campaña se ha ido embarrando hasta el caso de la compra de votos en Melilla, punto de inflexión, o quién sabe si detonante, de un escándalo con consecuencias imprevisibles en este momento. Porque ya no solo se trata de Melilla, con todas sus singularidades y enrevesadas conexiones con Marruecos, las sospechas de fraude en la compra de votos también han llegado a Almería, Murcia, Zamora, Huelva, La Gomera y Alicante.
La primera afecta a los socios del PSOE en el Gobierno de la ciudad autónoma, Coalición por Melilla. Las dos siguientes, directamente a los socialistas. Entre el reguero de detenidos están los números dos y cinco de la candidatura de Mojácar, y también la candidata a la Alcaldía de la localidad murciana de Albudeite. La imputación del 'dos' del PSOE andaluz por el secuestro a punta de pistola de una concejal se sumó al carrusel de dislates de los de Pedro Sánchez en el calamitoso final de campaña que están firmando.
La documentación intervenida en Mojácar parece confirmar los indicios de fraude electoral. La trama acompañaba a los votantes a depositar el sufragio, y el pago de unos 100 euros y la promesa de un contrato de trabajo se producía tras comprobar que habían votado. Caciquismo puro, duro y zafio. Y abono para los defensores de la antipolítica y para quienes gustan de alimentar teorías trumpistas de pucherazo. Por eso, estos rudimentarios intentos de adulterar la voluntad popular no deberían servir para poner en cuestión todo el proceso y el sistema electoral español, aunque sí para mejorarlo. Es preciso y exigible que los partidos procuren resguardar como se merece el crédito que se ha ganado nuestra democracia. No estamos en 1977, pese a que veces lo parezca.
Estamos convocados pasado mañana a elegir la configuración de los ayuntamientos, diputaciones y doce autonomías. Votamos gestión de proximidad, no otras cosas. Los ciudadanos de Melilla, Mojácar y de cualquier otro municipio de España en el que haya una mínima sospecha de fraude precisan saber que la votación será limpia y transparente. Urge cubrir cuanto antes las lagunas legales detectadas en la regulación del sufragio postal. Y, cuando concluya el recuento, será difícil aceptar que en los cuarteles generales de los partidos hagan como que no ha pasado nada y solo pretendan disimular el hedor de cara a la siguiente cita electoral, las generales de fin de año.