El Consejo General del Poder Judicial ha censurado, por primera vez en su historia, el nombramiento de un fiscal general del Estado por considerarle inadecuado para el cargo. Sucede después de que el Tribunal Supremo sentenciara que Álvaro García Ortiz incurrió en desviación de poder para nombrar a dedo a su predecesora, Dolores Delgado, para un cargo al que aspiraban otros fiscales con muchos más méritos. Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, empieza a hablar como un portavoz del secesionismo catalán y defiende el discurso íntegro de Puigdemont, incluyendo gravísimas acusaciones de lawfare -una suerte de cloacas judiciales para manosear la administración de Justicia-, el uso de 'relatores' en sus negociaciones con el prófugo expresidente catalán y la conveniencia de actuar sin luz ni taquígrafos fuera de España.
Paralelamente, el ministro que pretende aglutinar bajo su mando civil los tres poderes, Félix Bolaños, tiene que ir a Bruselas a intentar apaciguar a nuestros socios europeos, ya que hay dudas más que fundadas acerca del respeto al estado de Derecho de este Gobierno, y mucho más que dudas fundadas acerca de la instrumentalización política del ordenamiento jurídico para satisfacer la investidura de Sánchez. Al mismo tiempo, Israel sigue aumentando la brecha diplomática con España porque el presidente del Gobierno, ahora devenido en experto en la materia, ha recibido el aplauso sistemático de la organización terrorista Hamás por acusar abiertamente a Israel de cometer crímenes de guerra, logrando así la sonrisa de su socio de Gobierno.
Conforme esto sucede, el Ministerio de Exteriores emprende una purga cesando al diplomático que osó a criticar la ley de amnistía y el Supremo anula el nombramiento de la exministra Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado porque incumple los requisitos legales mínimos para presidir este organismo. Todo, coronado con los ecos del discurso sectario, sesgado y tendencioso de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, cuyo bajísimo perfil está enfangando el nombre del Parlamento español como nunca lo había hecho ninguno de sus predecesores.
Esto ha sucedido en España en apenas 48 horas bajo el paraguas del autoproclamado gobierno progresista. Nepotismo, crisis diplomáticas, quiebra de la confianza de España en el exterior, emponzoñamiento de instituciones propias y ajenas... La lista asusta, pero asusta todavía más escuchar al propio presidente intentar justificarse diciendo que dentro de unos años toda la trama para investirle se verá tan necesaria como en su día se consideró la ley del divorcio. Dramático.