El servicio del Defensor del Profesor del sindicato ANPE atendió durante el curso 2022-23 un total de 18 casos en La Rioja, 7 más que el curso anterior, muchos de ellos motivados por faltas de respeto, falsas acusaciones y mayor presión sobre las calificaciones por los alumnos y los padres.

El responsable de este servicio, Andrés Toledo, junto al presidente de ANPE Rioja, Gustavo Navas, han presentado este jueves, en una rueda informativa, el informe del curso pasado.

Toledo ha precisado que hay más casos debido a una mayor conciencia y sensibilidad del profesorado para denunciar situaciones anómalas, pero también por un deterioro de la convivencia en los centros educativos, informa Efe.

Aunque no ha habido casos de agresiones físicas, se ha detectado que hay "una violencia más sutil" hacia los docentes, a quienes "se les cuestiona todo", ha asegurado.

En todo el país, este servicio atendió el curso pasado 1.947 casos, y desde su puesta en marcha hace 18 años ha tramitado 44.386 casos, 226 de ellos en La Rioja.

De los casos detectados en curso pasado en la comunidad riojana, el 37 por ciento se originaron debido a conflictos generados por los alumnos, el 33 % por las familias y el 30 % surgieron entre compañeros.

Según Toledo, los casos atendidos por el Defensor del Profesor ocasionaron "situaciones de gran tensión" para los docentes, que repercutió en el desempeño de su labor y también en su salud física y psicológica.

El 94 % de los casos atendidos el curso pasado en La Rioja sufrió ansiedad, un trastorno que "no está considerado una enfermedad profesional", otro 11 % depresión ; y el 22 % llegaron a cursar baja laboral, con el consiguiente coste económico para la administración pública.

En La Rioja hay unos 6.000 profesores en las etapas educativas no universitarias de 3 a 18 años, de los que 1.500 pertenecen a la red concertada y a la pública los otros 4.500 (1.500 de ellos interinos).

Decreto de convivencia

Por otro lado, han aludido a la modificación del marco normativo en materia de convivencia, con el cambio acordado a finales de octubre por el actual Gobierno regional para dar más capacidad de actuación a los equipos directivos.

Han respaldado la modificación de los artículos 17 y 34 de la orden de convivencia, ya que se protege al alumnado víctima de agresiones, vejaciones o acoso de la presencia del compañero infractor.

Navas ha reclamado que se recupere la consideración del profesor como figura de autoridad y también han apostado por entablar cauces de diálogo y negociación con las organizaciones sindicales, tanto en convivencia, como en otras áreas.

Ha apuntado que la implantación de la figura del coordinador de convivencia y bienestar debe estar acompañada de una adecuada formación y suficiente dotación de recursos humanos, temporales y materiales para que desempeñen su labor con eficacia.

También ha demandado formación y presupuesto para la aplicación de los protocolos aprobados en los últimos años, con el fin de atajar acoso, absentismo, abuso sexual infantil, violencia de género y suicidio, que son medidas positivas pero aumentan la labor burocrática que tiene que desempeñar el docente.