Abogados adscritos al turno de oficio de La Rioja han iniciado este martes una huelga nacional indefinida para reclamar una regulación jurídica de su trabajo y la actualización de los honorarios que percibe.

La protesta, que también han secundado procuradores del turno de oficio, está convocada por el sindicato de abogados Venia, ha detallado a EFE su delegada en La Rioja, Sarai Becerril, quien ha avanzado la convocatoria de concentraciones semanales.

En la comunidad hay un millar de abogados colegiados, de los que unos 120 están adscritos al turno de oficio para facilitar la asistencia jurídica gratuita.

Entre sus reivindicaciones, Becerril ha urgido una regulación jurídica de los profesionales del turno de oficio, porque actualmente se les considera "un ente sin calificar" al prestar servicios para la administración.

"Cuando hacemos el turno de oficio, ni somos trabajadores por cuenta ajena legalmente, ni somos funcionarios, ni somos nada. Esto es un problema de base que provoca problemas en todo lo demás", ha subrayado.

"Irrisorios" honorarios. Por otro lado, ha considerado "irrisorios" los honorarios que perciben por las actuaciones que realizan en el turno de oficio, y además, en ocasiones, les llegan a costar dinero esos asuntos.

"Los baremos no es que sean bajos, que también, es que hay veces que no contemplan tan siquiera las actuaciones que hacemos, con lo cual no se nos pagan", ha criticado.

También ha indicado que "lo poco" que se les paga les llega 6 o 7 meses después de que haya finalizado el asunto.

Por ello, ha exigido que la administración asuma el pago de sus servicios cuando a estos abogados les designan para asistir a un justiciable y, posteriormente, a ese justiciable le deniegan la justicia gratuita o ni tan siquiera la ha tramitado.

En este sentido, ha recalcado que los abogados del turno de oficio no perciben honorarios por toda esa atención en estos casos de justicia gratuita.

Esta situación conlleva que estos abogados, para asegurarse de que van a cobrar algo, tienen que realizar aparte de su trabajo la solicitud de justicia gratuita, recopilar los datos y la documentación de ese justiciable, lo que supone "una carga burocrática indignante".

Becerril ha recalcado que debería ser el justiciable quien se encargue de gestionar la justicia gratuita y la administración la de repercutirle esos gastos si se beneficiado de unos servicios a los que no tenía derecho.

Por otro lado, ha recordado otras "reivindicaciones históricas", como derecho a la conciliación y a la desconexión digital, que afectan al colectivo en general.

Postura del Colegio. La portavoz de Venia ha dicho que el Ilustre Colegio de la Abogacía de La Rioja (ICAR) considera que estos abogados "no tienen derecho a ejercer el derecho fundamental a la huelga porque no son trabajadores por cuenta ajena".

Ha recalcado que cuando un derecho fundamental se le niega a un colectivo concreto, como por ejemplo el de sindicación a los militares, queda expresamente recogido pero en este caso no se especifica si para hacer huelga hay que ser trabajador por cuenta ajena.

Por su parte, el decano del ICAR, Federico Bravo, ha dicho a EFE que este organismo "ni se ha posicionado ni a favor ni en contra de ninguna medida reivindicativa y, mucho menos de la huelga", cuando el colegio ni es partícipe, ni la ha convocado.

Por ello, ha expresado el "respeto" del colegio a la huelga convocada por este sindicado independiente, que la organización que tendrá que "dar las explicaciones oportunas sobre la propia existencia del derecho de huelga de los abogados".

Bravo ha considerado que los servicios mínimos de esta huelga "no se han fijado en base a una disposición normativa que haya sido objeto de publicidad", por lo que ha dicho que desconoce el seguimiento de la protesta en La Rioja.

 Aunque ha insistido en que "respeta" el derecho de sus compañeros a ejercer el derecho a huelga, cuando otros profesionales, como los letrados de la administración de justicia, los funcionarios y los jueces convocaron este año sus protestas, él ya manifestó "se debía tener en cuenta la superior consideración de un derecho esencial muy importante, que es el derecho a la tutela judicial efectiva".