El sistema educativo español se ha visto inmerso en ocho leyes educativas diferentes en algo más de cuatro décadas de democracia. Desde la Loece de 1980, impulsada por UCD hasta la Lomloe o 'Ley Celaá' con la que arrancó el curso 2021-2022 y que actualmente se aplica en el seno de las aulas. Entre ambas, los diferentes gobiernos socialistas y populares han imprimido su sello en las normativas educativas. Una constante que ha sido rechazada por una comunidad educativa que reclama un gran pacto de estado que siente las bases del modelo educativo. Hazaña que, hasta el momento, se mantiene en una situación de sequía normativa.

Algunas comunidades han avanzado hacia lo que puede ser un acuerdo entre partidos, sindicatos y docentes por la educación y en esa misma tesitura se encuentra actualmente La Rioja. El Consejo Escolar riojano ha propuesto trabajar para llegar a una pacto educativo comunitario. Esteban García, secretario de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros Públicos (Fapa Rioja), apoya una iniciativa que aspira a un consenso «basado en el aprendizaje». Se trata de no marear a las familias ni al profesorado y disponer de «la capacidad de ir corrigiendo fallos en base a esa línea de mínimos», detalla. A su juicio, tanto cambio normativo «convierte a los alumnos en cobayas y no aporta nada positivo».

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (Fsie) en La Rioja también ve con buenos ojos la consecución de un pacto autonómico si bien, establece condiciones que «hasta ahora no se han cumplido». Gonzalo González alude a la equiparación de la enseñanza pública y concertada en lo que denomina «condiciones socio labores» que, a su juicio, transitan por líneas diferentes «a favor siempre de la pública». Horas lectivas, salarios e incluso número de profesores complican un posible pacto que para la concertada, debe ir más allá de los contenidos. Recuerda que la Constitución establece que «ambas enseñnzas forman parte del sistema educativo en igualdad de condiciones». En cuanto a contenidos, y al hecho de no someter al profesorado y al alumnado a cambios continuos, el sindicato se muestra dispuesto a avanzar hacia un pacto autonómico basado en evidencias. Otra de las cuestiones que no terminan de entender desde Fsie es que «no exista el concierto en bachiller». 

Celeridad sin adaptación. En cualquier caso, el representante de Fapa Rioja, la Lomloe «aporta cambios positivos» si bien se ha impuesto en las aulas «demasiado rápido y más aún viniendo de una pandemia», sintetiza el secretario técnico de Fapa. Existe «un problema de adaptación en el profesorado», señala.

La enseñanza demanda medios para detectar y actuar ante los suicidios

A finales del pasado mes de febrero, la sociedad riojana conoció, conmocionada, el intento de suicidio de siete jóvenes de diferentes puntos de La Rioja y de diferentes centros educativos en tan solo una semana. Días después, la consejería de Educación del Ejecutivo riojano publicaba el protocolo de detección y prevención ante el suicidio dirigido fundamentalmente a la comunidad educativa.

En este sentido, ni los representantes de la enseñanza pública ni los de la concertada conocen el extenso documento elaborado por Educación si bien, y en esto sí coinciden, «se trata de un problema muy serio» que a juicio de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, no es responsabilidad excluiva del área educativa de los colegios. Gonzalo González recalca que el profesorado «no está preparado para asumir todas estas funciones y es un trabajo más dirigido a profesionales de orientación y de psicología clínica». 

Esteban García, de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros Públicos de La Rioja, considera que el tema de la salud mental en los adolescentes es «responsabilidad de padres, madres, centros educativos y, en definitiva, de la sociedad en general. Algo estamos haciendo mal y estamos fallando a los jóvenes». 

Cree también que es necesario educar a los jóvenes en ciertos comportamientos en redes sociales, donde se generan problemas e idealizaciones de comportamientos y plantar cara de forma decidido a cuestiones como el bulling o los malos tratos «Hacen falta -prosigue- más recursos para abordar la detección de problemas». 

En definitiva, tanto la enseñanza pública como la concertada abogan por una mayor especialización para hacer frente a la salud mental entre los adolescentes. 

Primera norma de españa. Una cuestión que ha saltado a la palestra parlamentaria en diferentes ocasiones a lo largo de la legislatura, y no solo desde una perspectiva educativa. De hecho, el pasado mes de marzo la Cámara regional daba luz verde a la primera Ley de Salud Mental que se aprueba en España y que pone el acento de forma especial en la población joven. Entre otras cuestiones, la norma incrementa el número de psicólogos y psiquiatras del sistema público.