El último informe anual de SOS Racismo es demoledor. En la última década los datos estadísticos sobre racismo, discriminación, xenofobia y odio se han multiplicado. En dicho análisis, la entidad ha podido verificar 740 situaciones en todo el país, frente a las 523 de 2021, un 41,5 % más. En 2015 hubo 247 y en 2013, fueron 397.

El documento refleja que el racismo institucional, ocasionado desde entidades públicas, es mayoritario en la actualidad, con un 34% de las situaciones registradas, lo que se traduce en un mayor número de identificaciones sin motivo aparente por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, seguido por trabas en gestiones de Extranjería.

La siguiente acción más sufrida son los conflictos y agresiones racistas, un18%; seguidas de un 17% de denegaciones de acceso a prestaciones y servicios privados, otro 17% de denegaciones de acceso a prestaciones y servicios públicos, un 11% es discriminación laboral y un 3% está motivado en discriminaciones por discursos de odio y racistas por parte de organizaciones ultraconservadoras o de extrema derecha. Estos porcentajes son asimilables regionalmente a partir del total estatal.

Los autores del informe indican que los datos de La Rioja, por sí solos, no permiten un análisis pormenorizado, si bien consideran que, más allá de cifras, «el objetivo es mostrar una fotografía de la sociedad», ya que los datos del «conjunto nacional son extrapolables a todas las comunidades autónomas».

Desde la Plataforma riojana Bienvenidos Refugiados subrayan que «ni todas las víctimas son iguales, ni tienen las mismas necesidades, y es aquí donde los equipos multidisciplinares, adquieren su importancia en la atención». Indican que el detonante es la «racialización», ya que solo una cuarta parte están en situación irregular.

En base a la información regional de la que disponen, indican que «en el ámbito escolar se están dando casos de acoso a personas por razón de su etnia, sin que la institución educativa reconozca el bulling por racismo». 

Desde la entidad riojana consideran «que cualquier episodio racista es rechazable, censurable y denunciable, pero mucho más si lo sufren personas con un alto grado de exclusión, pues a su razón de afectado se le añade su situación de vulnerabilidad. Desgraciadamente, en estos momentos, calan más los discursos vacíos, que los mensajes a favor de la igualdad y del respeto a nuestro semejante», finalizan.

Estatal. El informe, de ámbito nacional, pone especial atención a regiones como Madrid, Galicia, Euskadi, Navarra y Cataluña.

Para la ONG SOS Racismo, el informe evidencia «el deterioro en la convivencia en nuestras localidades», especialmente hacia las personas racializadas, migrantes y gitanas. De hecho, mientras el Código Penal recoge duras sanciones por estos hechos, lamentan que, en general, se dan más identificaciones hacia estos colectivos por parte de los agentes de la ley y «más exhaustivas», pero también en «omisiones» en la atención solicitada.

«Que no se mire hacia otro lado»
SOS Racismo concluye el informe recomendando a instituciones y partidos políticos que «no se mire hacia otro lado y se tomen en serio la situación. Proponen mejorar la convivencia y fomentar la generación de sociedades antirracistas, con medidas como: leyes y políticas integrales que aborden la realidad del racismo y la discriminación de forma transversal y desde una mirada antirracista y feminista; el desarrollo de la Ley para la igualdad de trato y la no discriminación; el  aumento de la participación social en la formulación de políticas públicas, con personas y entidades racializadas y antirracistas; un nuevo modelo policial; políticas antirracistas comunitarias;  el empoderamiento de las personas y comunidades racializadas, migrantes y gitanas; la apuesta por la justicia racial y social y la mediación y justicia restaurativa como herramientas para la lucha frente al racismo, las agresiones y conflictos vecinales.