No hubo mención a la amnistía en la que el Gobierno trabaja con el fin de recabar el apoyo de 'Junts' para una hipotética investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, en las palabras pronunciadas por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pero tampoco hacia el resto de las exigencias que Puigdemont ha puesto sobre la mesa para brindar ese apoyo. Si acaso una breve mención al «agotamiento» del independentismo en la calle, cifrando en 24 los episodios «violentos o de sabotaje» en Cataluña recogidos en la memoria de 2022 de la Fiscalía. Se obvia, por lo tanto, que en lo que se está trabajando realmente es en dar legitimidad –sin efectos prácticos, obviamente– a cuanto sucedió hace seis años, asumiendo el Estado una carga de culpa, algo contra lo que dirigentes socialistas históricos comienzan a alzar una contundente voz que el actual gobierno socialista no debería despreciar. Si el Estado asume, con la amnistía, la responsabilidad de lo que sucedió, baña de legitimidad los acontecimientos de 2017, lo que, seguro, insuflaría ánimo y músculo al soberanismo catalán de nuevo.
Y no hay que perder de vista que el único fin de todo es mantener un gobierno a costa de lo que sea. Anteponer un deseo de tintes personales y una pretensión particular al interés general de la ciudadanía no contribuye a construir un estado más sólido y competitivo en este complejo escenario global en el que estamos enclavados actualmente, con muchos asuntos críticos a los que hacer frente. Los grandes demócratas y políticos que forman parte de los grandes partidos, y a los que apelaba este jueves el presidente en funciones del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, son los únicos que pueden revertir esta situación, además de reforzar la legitimidad e independencia a la Justicia degradada en los últimos tiempos. PSOE y PP están obligados, por lo tanto, a hablar y entenderse, además de afrontar la obligada renovación de los órganos judiciales. Sin embargo, la realidad destaca por la tensión manifiesta entre las dos formaciones, que impiden cumplir el mandato constitucional.
Como apuntaba Marín, esta anómala situación perjudica a «ciudadanos, ciudadanas, empresas e instituciones públicas, privadas que están viendo cómo la tutela efectiva de sus derechos consagrados en la Constitución se ve mermada de forma inadmisible». Es muy grave, además de nocivo para la democracia, que los representantes políticos elegidos en las urnas no sean capaces de llegar a acuerdos a los que están obligados.
La independencia judicial se ha puesto en cuestión en una legislatura con el impulso de acuerdos políticos como los indultos a los líderes del 'procés' o la derogación del delito de sedición. Plantear ahora la amnistía con estos antecedentes debilitaría aún más la independencia de uno de los poderes y, por lo tanto, uno de los pilares del estado democrático.