El fiscal solicita una pena de 6 años de prisión para un abogado acusado de un delito de apropiación indebida y otro de deslealtad al "defraudar" la confianza profesional de una empresa y cobrar comisiones indebidas con intención ilícita de 2012 a 2015, informe Europa Press.

Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado facturaba sus servicios indistintamente "como persona física o como representante de una mercantil", sociedad de la que era administrador único y que tenía por objeto social la prestación de servicios jurídicos.

De esta manera, la Fiscalía explica que el procesado mantenía desde 2012 una relación profesional con otra empresa "quien contrató los servicios jurídicos del acusado como letrado adscrito al Colegio de Abogados de La Rioja, a fin de ser asistido jurídicamente por éste en diversos procedimientos".

Éste aprovechó la situación y "con ánimo de obtener un ilícito beneficio y defraudando la confianza profesional depositada por la empresa" cobró comisiones de fondos para sí mismo, entre otras cuestiones, desde 2012 a 2015.

Así, relata el escrito, "también cobró comisiones para pagos por intervención de procuradores, o para pago de tasas judiciales en asuntos iniciados, pendientes de conclusión o ya concluidos".

Asimismo con igual "intención ilícita" incorporó a su patrimonio "cantidades de dinero entregadas por la parte contraria, debidas a la empresa, reclamadas o por las que habían sido condenados en procedimientos judiciales".

En un documento, el acusado reconoció su actuación profesional negligente en relación a tres procedimientos. Así, en octubre de 2015 indicó que "dentro de estos procedimientos, vengo a reseñar algunas actuaciones de las cuales, me responsabilizo y admito
mi negligencia en los mismos".

Además y en estos tres procedimientos, el acusado renunció al cobro de honorarios profesionales que ya había percibido.

Para el Fiscal, los hechos relatados son constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida así como otro de deslealtad profesional. Son autores tanto el acusado como la mercantil. No concurre circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.

Procede imponer al acusado la pena de seis años de prisión e inhabilitación especial para la profesión de abogado así como 7.200 euros de multa. Además, por responsabilidad civil, la empresa perjudicada declara perjuicios por importe de más de 92.000 euros.