La sequía, la subida de las temperaturas y los vientos cálidos con capacidad para asurar las plantas, junto a las exigencias medioambientales o de bienestar animal comunitarias, se han convertido en los últimos tiempos en el mayor riesgo para la actividad agrícola. En el caso concreto de la sequía, a diferencia de otros tipos de siniestralidad climática en el campo como los pedriscos e incluso las heladas, que se pueden concentrar solo en una determinada zona muy delimitada, la misma lleva en sus entrañas una mayor capacidad de destrucción de las producciones al afectar a territorios más extensos y ser letal para todo tipo de cultivos, desde los herbáceos a los leñosos.

Aunque desde las posiciones más negacionistas del cambio climático se argumenta que siempre hubo periodos de lluvias y sequías, los datos manejados por las entidades aseguradoras reflejan que algo ha cambiado; que los fenómenos climáticos son más violentos y más frecuentes que en décadas anteriores; que episodios excepcionales se producen casi en cualquier momento del año -las heladas normales en marzo se pueden producir en junio-; y, concretamente en el caso de las sequías, antaño se repetían casi cada década (1995, 2005, 2012…), mientras en la última década se han registrado prácticamente cada dos años: en 2017, en 2019, en 2022 y en este año con una agresividad como en los peores tiempos.

La actual política de seguros agrarios es unos de los instrumentos más importantes para garantizar unos ingresos en el sector agrario que permitan, si no generar beneficios, sí al menos lograr recursos a través de las indemnizaciones para mantener la actividad. En el caso de coberturas contra la sequía, contempla la posibilidad de suscribir pólizas en la mayor parte de las producciones agrícolas más importantes por volumen de producción y superficie, como olivar, viñedo para la producción de vino, remolacha en el sur, herbáceos, frutos secos (almendro, nogal, pistacho o avellano) y pastos, fundamentalmente en zona de cabañas extensivas fuera de la Cornisa Cantábrica.

A pesar de esa mayor frecuencia de los periodos de sequía, la realidad es que el seguro que cubre los daños que provoca no acaba de despegar como lo han hecho otras coberturas, como el pedrisco o la helada. Según datos elaborados por la organización agraria UPA, en el caso del olivar, frente a una superficie de secano de poco más de dos millones de hectáreas, la superficie asegurada contra la sequía es únicamente de 93.000 hectáreas, lo que supone un porcentaje de solo el 4,56%. En los frutos secos, de una superficie de cultivo de unas 680.000 hectáreas, la superficie asegurada no llega a las 78.000, que representan el 11,4%. En viñedos para la producción de vino la superficie asegurada frente a la sequía se eleva a poco más de 302.000 hectáreas, que son el 47% de las 643.000 de secano que hay en España.

En los cultivos herbáceos en secano se siembra anualmente una superficie de 6,2 millones de hectáreas, pero las cubiertas contra los daños por sequía son 2,89 millones, casi otro 47%. En el caso concreto de los cereales, sobre una superficie de 5,2 millones de hectáreas (de las 6,2 totales de herbáceos) la asegurada contra la sequía es de 2,3 millones, equivalentes a poco más del 44%, todo ello con grandes diferencias entre cada uno de los cultivos y territorios.

Mención especial merecen los seguros contra las sequía en pastos. Hay una superficie total de más de ocho millones de hectáreas, pero el seguro, básicamente en la mitad sur de la península, sólo cubre un 5%, unas 400.000 hectáreas. Es cierto que se calcula no por terreno, sino por cabezas de ganado, y tomando esos datos el seguro alcanzaría al 7% en base a una cobertura ligada a la alimentación por cabeza y las necesidades de piensos complementarios a falta de pastos en función de unos criterios técnicos que no animan a la contratación de las pólizas por parte de los ganaderos.

En conjunto, las superficies de estas producciones se acercan a los 18 millones de hectáreas. Sin embargo, la superficie asegurada en las mismas contra la sequía se sitúa en solo unos 3,7 millones de hectáreas, poco más del 20%.

Pocos incentivos.

Desde la organización agraria UPA, Javier Alejandre estima que, además del freno que supone que se mantenga una franquicia del 30%, el funcionamiento de los rendimientos individuales o la primas elevadas, un hándicap más para el mejor desarrollo de esta cobertura se hallaría en la necesidad de que el asegurado disponga de unos datos históricos, por lo que cuando no los tiene debe entrar desde unos rendimientos muy bajos que no animan a la contratación.

Al margen de los problemas concretos en el seguro de sequía, desde el sector agrario el responsable de la actividad en COAG, Pedro García, considera urgente dar una vuelta al seguro, desde la reflexión sobre el volumen de los fondos destinados al mismo -a pesar de haber experimentado en los últimos años un importante incremento desde Agricultura- a la necesidad de una mayor coordinación entre comunidades autónomas para evitar desigualdad de apoyos entre territorios vecinos. Se reconoce la necesidad de un seguro agrario en el que se vea un equilibrio con los resultados de las empresas aseguradoras, hoy con un índice ajustado entre primas de riesgo y siniestralidad; pero se rechaza que la salida a esa situación sólo sea subir primas, mayores franquicias o más ajustes en los rendimientos frente a los kilos realmente producidos.

El pasado año el seguro agrario se situó en unas cifras históricas, tanto en el volumen de la primas como de capital asegurado y de la siniestralidad, consecuencia también en su mayor parte por la sequía, a la que siguieron fenómenos violentos en heladas y pedriscos en los primeros meses del año hasta el verano. Registró una contratación de más de 400.000 pólizas con primas por valor de 834 millones de euros y una producción asegurada por valor de 16.286 millones de euros, que representa poco más del 30% del valor de la producción final agraria. Frente a estas cifras, la siniestralidad ascendió a 807 millones de euros, que en su mayor parte corresponden a líneas de aseguramiento que cuentan con la mayor protección del reaseguro del Consorcio de Compensación.

El Plan de Seguros Agrarios para 2023 contempla unas subvenciones desde el Ministerio de Agricultura para el pago de primas de 317 millones de euros, lo que supone un incremento del 50% sobre el presupuesto de 2020, cifra a la que se suman las aportaciones -a la baja- de las comunidades autónomas, con menos de 100 millones de euros para un apoyo muy diverso a cada línea según el interés de cada gobierno regional. La ayuda de la Administración central supone un incremento de diez puntos porcentuales en la subvención de base que reciben todas las pólizas. La subvención media prevista para los seguros agrarios en este periodo se sitúa en un 40%, frente al 32% de 2021, porcentaje que se eleva hasta un 50% para los agricultores profesionales y hasta un 65% si se trata de agricultores jóvenes.

Esta campaña, según los datos de Unión de Uniones, los daños se elevarían ya a unos 4.000 millones de euros, de los que 2.350 corresponderían solo a los cereales, 710 a forrajes, 640 al sector hortícola y 240 a los frutales, a los que se sumarían los esperados en olivar o viñedo.