Si en algo tiene sentido el intervencionismo estatal para impedir efectos indeseables del libre juego de las fuerzas del mercado es precisamente en la vivienda, entendida como plasmación práctica del derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución Española. El mandato es explícito: "Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general".
Es palmaria la inspiración socialdemócrata del principio recogido en nuestra Carta Magna. Por tanto, va de suyo que el Gobierno de Sánchez marque perfil en ese sentido. Y por ahí va el espíritu y la letra del texto de la ley de vivienda que acaba de activarse en el telar parlamentario a impulsos de la parte independentista de la ecuación de poder más conocida como "bloque de investidura".
El impulso, asumido por la parte podemita del Gobierno de Sánchez. viene de Bildu y ERC. Cierto. Pero es muy sospechoso que estas filantrópicas motivaciones se hagan apremiantes de la noche a la mañana. Casualmente, en vísperas de una llamada a las urnas municipales y autonómicas, que cursan a su vez como metas volantes hacia las elecciones generales de diciembre.
Por eso, algunos analistas hablan de "asignatura pendiente" de un Gobierno "progresista", que recurre a una apresurada tramitación parlamentaria, urgente y palabrera. Con todas las apariencias de llegar exigida por la necesidad de impedir la balcanización de la izquierda. Así que viene a cuento señalar la indolente responsabilidad del PSOE liderado por Pedro Sánchez, que gobierna en España desde el verano de 2018.
Es decir, que un Gobierno de izquierdas ha necesitado casi cinco años para descubrir que solo un volquete de vivienda pública en el mercado inmobiliario puede evitar que el derecho a la vivienda esté exclusivamente en manos de la ley de la oferta y la demanda. Se trata ahora de evitarlo. O sea, de que el actual 3% de vivienda social, a precios asequibles, pase a ser el 20%. Pero como no se pone fecha (se habla de unos veinte años), mucho me temo que, una vez más, es hablar por hablar. Es decir, lo que siempre hemos dicho que es un brindis al sol.
El objetivo de que la vivienda pública equivalga a una quinta parte de la oferta se quiere alcanzar mediante la habilitación de las 50.000 viviendas en manos de la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria). Y en este punto es lógico preguntarse qué ha sido de estas viviendas durante los más de diez años transcurridos desde la creación del tristemente famoso "banco malo". Si estaban vacías, me parece imperdonable. Si estaban ocupadas, ¿a qué viene decir ahora que se van a "movilizar", poniéndolas en el mercado a precios "asequibles"?