La patronal CEOE ha roto la interlocución con el Ministerio de Trabajo por entenderla "tramposa y contraria a la buena fe" tras la enmienda, pactada con Bildu, sobre el control de la Inspección de Trabajo de las causas en los despidos colectivos (ERES).

En un duro comunicado, la CEOE considera que la enmienda transaccional es una "traición" al acuerdo alcanzado en la reforma laboral y le pide una rectificación para poder retomar el diálogo en un fin de año marcado por temas clave como el alza del salario mínimo interprofesional (SMI).

"En la medida que este asunto fue debatido en los trabajos de la reforma laboral, y apartado de mutuo acuerdo en aras del consenso, la actuación del Ministerio a través de la enmienda de EH Bildu supone una ruptura de la buena fe negocial que obliga a las partes a respetar y defender los acuerdos alcanzados", añade la nota.

Esta actuación, subrayan, "invalida al Ministerio de Trabajo como interlocutor fiable".

A la espera de una rectificación, inciden, "los empresarios españoles rechazamos la interlocución con el Ministerio de Trabajo por entenderla tramposa y contraria a la buena fe".

La CEOE esperará esta rectificación de Trabajo y verá en la junta directiva del próximo 21 de diciembre cómo afrontar esta situación con relevantes mesas de negociación abiertas como el SMI, las pensiones o el Estatuto del Becario.

En su comunicado, la patronal también advierte de que esta modificación "tiene como fin intervenir las decisiones empresariales, es contraria a la Constitución y al derecho a la libertad de empresa y contraviene la normativa europea".

Sin reintroducir la autorización previa

Trabajo y Bildu han acordado, vía enmienda en la Ley de Empleo, un cambio en el Estatuto de los Trabajadores para que la Inspección de Trabajo elabore un informe sobre cada ERE en el que constate la concurrencia de las causas especificadas por la empresa para alegar el despido colectivo.

Este cambio, que se incluirá en la ley a través de una modificación del artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores, no supone una recuperación de la autorización administrativa de los ERE previa a la reforma laboral de 2012, sino un mayor papel de la Inspección en el control de estos despidos colectivos.

A mediados del pasado mes de octubre, la vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, avanzó en un acto en Sabadell que se estaba ultimando un cambio normativo en este sentido.

"Hemos modificado la norma para que la Inspección de Trabajo sea quien controle las causas que dan curso a un expediente", aseguró en esa fecha.

En ese momento, Díaz descartó reintroducir la autorización administrativa de los ERE que existía antes de la reforma laboral del PP y que daba la última palabra sobre estos expedientes a las administraciones autonómicas.

La autorización administrativa previa ya se recuperó durante la pandemia para los ERTE por fuerza mayor.

Díaz asegura que la patronal ya lo sabía

Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este miércoles que la CEOE conocía "desde hace un año" el plan estratégico de la Inspección de Trabajo para controlar las causas en los despidos colectivos (ERES) y que ahora se ha introducido vía enmienda con Bildu en la Ley de Empleo.

En declaraciones a los medios este miércoles a su llegada a la presentación del libro del Papa Francisco, la también vicepresidenta segunda del Gobierno ha señalado que la razón por la que la CEOE ha decidido romper el diálogo con Trabajo hasta que se rectifique esa medida debe de ser otra.

"El señor Garamendi, igual que los sindicatos de nuestro país, conocen lo que se ha aprobado en el Consejo de Ministros hace un año (…) Por tanto, en fin, creo que se debe a otros motivos", ha añadido Díaz que ha negado que este tema se tratara en la reforma laboral.

"Nunca se trató este asunto en la reforma laboral, jamás", ha subrayado. Junto a esto, Díaz ha señalado que, "si todo se hace bien", la patronal no debe tener problemas con este refuerzo del control desde la Inspección.

"Entiendo que la patronal española está de acuerdo con la defensa de la legalidad y, si todo está bien, no tendrá ningún obstáculo en que la Inspección de Trabajo examine las causas que motivan un despido colectivo", ha apuntado.

Díaz se ha mostrado, no obstante, convencida de que los agentes sociales cumplen con su papel y que, aunque hay unas medidas que les gustan más que otras, "van a seguir dialogando y trabajando por su país".