Pese a que se ha presentado ante el rey Felipe Vi con tan solo los escaños que le proporciona su grupo parlamentario -121-, desde la noche electoral se sabía que podría contar con más apoyos que el primer candidato, Alberto Núñez Feijóo. Esta es una cuestión numérica sin entrar a valorar el precio de los apoyos que puede concitar, muy oneroso, incluso para los dos objetivos que pueden marcar su oferta para hacerse con la gobernabilidad del país, la estabilidad política y la mejora de la convivencia en Cataluña aunque, el coste sea que la convivencia se degrade en el resto de España como consecuencia de la concesión del alivio penal -la amnistía, sin eufemismos- a los investigados, condenados y prófugos por el proceso independentista catalán.
Dando satisfacción a quienes afirman que Sánchez es un adicto al poder, al que subordina el interés general e incluso el orden constitucional, la negociación de los apoyos para su investidura no se circunscribe solo al momento de la votación de su nombramiento sino que espera que le dure al menos dos años, para lo que busca que el compromiso de los distintos y diferentes partidos que le van a apoyar se comprometa a votarle a favor los Presupuestos Generales del Estado que le garantizarían su prórroga al año siguiente y su permanencia en La Moncloa, si no surge algún inconveniente insuperable para sus deseos que le piden llegar hasta el fin de la legislatura. Desde fuera de su ámbito y como consejo, el lehendakari, Iñigo Urkullu, le ha recomendado que trate de amarrar todos los votos que le invistan "todos los días", que es la única forma de garantizar la estabilidad del Gobierno a lo largo de la legislatura, una vez más sin hablar del precio inicial a pagar por el periplo. En ello están los negociadores socialistas con los independentistas catalanes. No obstante, la estabilidad no dependerá solo de los indepes, sino de los conflictos internos dentro del propio Gobierno, aunque todo apunta a que los enfrentamientos internos tendrán menor virulencia que en el primer experimento de gobierno de coalición tras la recuperación de la democracia sin ser descartables desde el comienzo, por el distinto criterio sobre cuál debe ser la acción del gobierno, si la consolidación de los progresos realizados en la anterior legislatura, como pretende el PSOE, o seguir avanzando como quiere Sumar.
Conseguir que la convivencia se desarrolle con naturalidad es un camino que se bifurca y cuyos ramales difícilmente se encontrarán.
Las declaraciones de Feijóo a la salida de su encuentro con el rey dejan pocas esperanzas, no solo porque supure por las heridas del fracaso en su investidura y haya realizado una interpretación muy acotada al momento de los apoyos de Sánchez, no exenta de consideraciones denigrantes hacia el líder del PSOE, que hacen preludiar que los llamamientos a la convivencia no van a encontrar eco ni en el PP ni en los gobiernos donde manda -ahí está el alcalde de Madrid, como los independentistas catalanes, quejándose del funcionamiento del tren-. Al abandonar la esperanza de que se celebren nuevas elecciones generales, el PP se ve obligado a iniciar la segunda fase de su estrategia de acoso y derribo al futuro gobierno encabezado por Sánchez y a tensar la convivencia fuera de Cataluña, con el líder del PP lanzado al ataque contra Pedro Sánchez, "actor de reparto" en un "teatrillo" que dirige Puigdemont.
En las demandas de los independentistas catalanes para apoyar la investidura de Sánchez se diluyen cada vez más las referencias al referéndum de autodeterminación al tiempo que la futurible amnistía se da por hecha. Siguen sin dar el paso de la renuncia a la unilateralidad y la irrefrenable verbosidad que cada cierto tiempo desatan contribuyen a enmarañar un diálogo en el que van a conseguir más réditos de los que les correspondería por su nivel de respaldo electoral y apoyo social.