Varios informes de distintos gabinetes de estudios, como BBVA Research o Fedea, ya habían apuntado que la mayoría de las comunidades autónomas del país tienen dificultades para hacer frente al pago de las pensiones, una realidad  de la que no escapa La Rioja y que ha confirmado el Estado.

El Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda ha hecho públicas, respondiendo a las exigencias de Junts por Catalunya, cuyos votos necesitaba el Gobierno para sacar adelante varios decretos ley, las balanzas fiscales autonómicas, instrumento de información económica que hace explícitos los flujos fiscales de salida (impuestos, tasas o cotizaciones) y entrada (servicios, inversiones o transferencias) provocados, en este caso, por la Administración central sobre las comunidades.

Esta herramienta, que el Instituto no había hecho público en diez años, recoge también la información que permite calcular si las aportaciones que realizan trabajadores y empresas a la Seguridad Social son suficientes para hacer frente al pago de las pensiones en sus territorios, un superávit que solo logran Madrid y Baleares.

En La Rioja, según las cifras que  aparecen en la balanza fiscal correspondientes a 2021, el desequilibrio de las cuotas de las afiliaciones y las nóminas que reciben jubilados, viudas o huérfanos es de 210 millones de euros, fruto de la diferencia entre ingresos, de unos 795 millones, frente a unos gastos de 1.005 millones en el citado ejercicio, cuando el número de pensiones contributivas era de alrededor de 71.000, con una pensión media de 1.015 euros, aunque se incluyen también las aportaciones por bajas de maternidad y paternidad o las no contributivas.

 Esto supone para la Seguridad Social una aportación de 652 euros por ciudadano para cubrir la diferencia, una suma ligeramente más alta que Navarra -619 euros- y muy por debajo de los 2.850 de Asturias, comunidad con larga tradición siderúrgica y minera y pensiones elevadas que debe hacer frente una población envejecida.

Régimen general. La principal aportación para hacer frente al pago de las pensiones la realizan los trabajadores del régimen general de los que en el año 2021 la Seguridad Social recaudó 601 millones, los afiliados autónomos desembolsaron 79,3 millones, mientras que de los trabajadores del campo reunió 3,4 millones. Del desempleo y  bonificaciones por el complemento de empleo reunió 67,7 millones de euros.

En el capítulo de gastos, el ámbito que supuso el mayor volumen fueron las jubilaciones, que alcanzaron un montante de 748,6 millones -fueron 1.010 millones más en Navarra y 2.871,5 más  en Asturias- mientras que por pensiones de viudedad llegaron a La Rioja 150,3 millones. 

Un total de 65,5 millones se destinaron a sufragar los subsidios de invalidez y poco más de 10 millones para pensiones de orfandad. La incapacidad temporal se llevó cinco millones, mientras los padres y madres con permisos por nacimiento recibieron 22,4 millones.

La Rioja es una de las comunidades que en términos globales tiene menor deuda, solo por delante de Murcia, en un ránking que encabeza Cataluña, con un desequilibrio de  4.370,8 millones, por delante de Andalucía, con un saldo negativo de 4.145,5 millones y País Vasco, con 3.568,5 millones.

La Comunidad de Madrid, con  1.535,8 millones y Baleares (165,4 millones) son las únicas regiones, junto a Ceuta (14,6 millones) y Melilla (22,9 millones), que presentan superávit en las pensiones de la Seguridad Social en el año 2021.

Mutuas. Una mutua, según explica la Seguridad Social, es una asociación de empresarios sin ánimo de lucro que colabora con el sistema de Seguridad Social en la gestión de importantes prestaciones del sistema de Seguridad Social como son las contingencias profesionales, la incapacidad temporal o el cese de actividad de los trabajadores autónomos.

La información sobre las balanzas fiscales también ofrece información detallada sobre sus ingresos y gastos en las comunidades autónomas. En el caso de La Rioja,  los primeros superan a los segundos y recaudó 84,5 millones para destinar 71,1 millones a diferentes actuaciones.

¿De dónde llega el dinero? Su principal fuente de financiación son  las cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que recauda para ellas la Tesorería General de la Seguridad Social, cuantía que ascendió en 2021 a 57,8 millones, por delante de los 23,8, procedentes del régimen general y 5,3 de los autónomos.

Respecto a los gastos, el mayor volumen -42,6 millones- lo supuso para las mutuas el pago de prestaciones por incapacidad temporal, y 24,7 millones al abono de otras prestaciones e indemnizaciones  a los trabajadores.