Enviar una transferencia, cambiar divisas, administrar una cuenta, estudiar la viabilidad de un préstamo o tener una tarjeta de crédito son algunos ejemplos por los que las entidades financieras pueden aplicar una comisión a sus clientes. Pero la banca también puede cobrar por otras cuestiones que no estaban contempladas expresamente en su contrato, siempre y cuando informen sobre ello antes de pasar la factura.
Por definición, las comisiones siempre responden a un servicio prestado por los bancos y es importante tener en cuenta que solo pueden realizar estos cargos si comunican previamente al usuario sobre sus condiciones y éste las acepta expresa o tácitamente.
Sin embargo, en ocasiones, se producen otras situaciones que generan un mayor rechazo social o, al menos, la sorpresa de muchos, como el cobro por la retirada de efectivo en ventanilla o de cualquier otra gestión que el usuario podría hacer por sí solo en el cajero o en la página de la entidad. E, incluso, supuestos que se podrían considerar comisiones raras como, por ejemplo, el uso de las oficinas, por inactividad, por rechazo de recibos domiciliados o por solicitar un extracto de movimientos.
No obstante, en el caso de la banca española es frecuente que no se apliquen cargos básicos como el de mantenimiento de la cuenta o la emisión de tarjetas si se tiene domiciliada una nómina o ingresos recurrentes.
De hecho, a tenor de los datos es algo residual. Analizada la oferta de las entidades que ofrecen cuentas nómina, todas incluyen una tarjeta de débito y transferencias gratis, ninguno aplica tarifas de administración y solo un 12% exige un pago por mantenimiento. El 76%, además, incluye sin ningún coste una tarjeta de crédito. Librarse de las comisiones más frecuentes resulta aún más sencillo en las compañías exclusivamente digitales.
Pero la situación cambia si se trata de cuentas corrientes en las que el depositario no tiene la nómina, pensión o unos ingresos recurrentes domiciliados, pues un 37% de las entidades realiza un cobro mensual que ronda de media los 10 euros, aunque en algunos casos no llega al euro y en otros puede alcanzar los 45.
El Banco de España, en el portal del Cliente Bancario, indica que hay que tener en cuenta que las tarifas son «libres» y el supervisor no autoriza ni consiente, no puede denegar, ni limitar su importe. Es decir, pueden poner el coste que estimen oportuno, salvo en aquellas gestiones en las que estén limitados por norma como, por ejemplo, con la cancelación o amortización anticipada de un préstamo hipotecario o de un crédito al consumo.
La clave está en que las comisiones deben responder a servicios prestados o gastos y no se pueden exigir al usuario por funciones que no haya solicitado o aceptado.
Aunque las entidades ponen a disposición del ciudadano información estándar al respecto, existe la posibilidad de que haya comisiones denominadas como raras.
Cuentas 'online'
Una de ellas sería el cobro por uso de oficinas, ya que no todas las cuentas online, aunque estén comercializadas por bancos tradicionales, dan soporte en las sucursales y si lo hacen, puede que pongan precio al servicio.
Por ejemplo, Abanca, con su Cuenta Clara, solo permite realizar operaciones in situ por valor de menos de 600 euros. Si se supera esta cifra, transformaría la cuenta en una de tipo corriente que sí tendría comisiones de administración, mantenimiento y transferencias.
Otro cargo curioso es el que compañías como Bnext realizan por inactividad o el rechazo de recibos domiciliados, a lo que se sumaría la que hacen otros bancos por emitir extractos de movimientos pedidos por el cliente, en lugar de descargárselo de la web o la app.
Cajamar aplica un coste de 7,5 euros, más 0,02 euros por apunte si el extracto tiene una antigüedad de hasta seis meses. El coste por apunte no varía, pero sí el fijo, que aumenta según el tiempo del documento, hasta llegar a los 20 euros si el recibo es de más de cinco años.