El ministro de Agricultura, Luis Planas, remitió a finales de diciembre a Bruselas el  Plan Estratégico de España para la reforma de la Política Agraria Común (PAC) de cara al periodo 2023-2027, que contempla una dotación de   47.724 millones de euros. «España contará con una PAC más justa, más social y más sostenible para impulsar un sector agroalimentario estratégico», dijo Planas, después de que el plan fuera aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 28 de diciembre. 

La consejera riojana del ramo, Eva Hita, coincide de pleno con la opinión del ministro; es más, considera que la nueva política común va a a ser una «oportunidad» para incorporar profesionales al sector, altamente cualificado, un documento que, no obstante, no es del total agrado de las organizaciones agrarias.

«Las demandas de la Rioja se han visto reflejadas de una manera importante», señala Hita, que, apoyada en la defensa de una agricultura profesional y familiar, destaca que introduce el pago redistributivo, un elemento nuevo que, entiende,  «contribuye a lograr una PAC más justa y social, beneficiando especialmente a las pequeñas y medianas explotaciones». Al respecto, destaca que con la propuesta del Ministerio, el 86 % de los importes del primer pilar de la PAC, el de ayudas directas, van dirigidos a los agricultores profesionales. 

Entre los aspectos que también valora figura  la reserva de derechos de pago de la ayuda básica a la renta de sostenibilidad, de ámbito nacional, lo que contemplará una asignación de nuevos derechos a agricultores activos que no pertenecen a sectores integrados en el pago básico, y que, en La Rioja, se corresponde con producciones tan importantes como la uva, la fruta o las hortalizas. «Esto significa una oportunidad para incluir a los viticultores en la PAC, un paso importante para La Rioja», explica Hita, que recuerda que los derechos  de plantación de viñedo, que expiraban en 2030, se han extendido hasta 2045.