El presidente del Senado, Ander Gil, ha asegurado que acata y cumplirá la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la tramitación parlamentaria en la Cámara Alta de los cambios en el Poder Judicial pero ha alertado de los peligros que comporta este modo de proceder del Constitucional.

En una declaración institucional desde el Salón de Pasos Perdidos del Senado, Gil ha manifestado que la suspensión de la tramitación de una ley supone "un grave quebranto" en el sistema democrático "y nos conduce a todos a una crisis institucional del Estado sin precedentes en nuestra democracia".

También ha hecho hincapié en cómo el Tribunal Constitucional ha sido sometido a una "instrumentalización" por parte de "quienes irresponsablemente han tratado de obtener de él lo que no pueden extraer del debate legislativo ante las Cámaras" mediante su "utilización tacticista".

"Lo que está ocurriendo hoy tendrá un alto coste en términos democráticos mañana", ha alertado igualmente el presidente del Senado quien, no obstante, ha aseverado que la democracia "es fuerte" y dispone de mecanismos para superar "las peores crisis" y se ha mostrado convencido de que ahora también lo hará.

"Esta vez también lograremos preservar la inviolabilidad y la prevalencia constitucional de las Cortes Generales", ha manifestado después de anunciar, como también ha hecho la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que una vez acatada la decisión del Constitucional, se estudiarán las vías para "preservar la autonomía parlamentaria".

Ander Gil interpreta que hoy "es un día insólito para la democracia" porque en 44 años de democracia "jamás se había despojado a las Cortes Generales de su facultad de legislar" de modo que su inviolabilidad queda "seriamente comprometida" impidiendo a los representantes de la soberanía popular ejercer sus funciones.

Ha alertado igualmente de que "se está dando un paso de difícil retorno en la degradación de nuestro sistema democrático" y ha afirmado que cuando se obliga a "tomar partido en el juego democrático" al Tribunal Constitucional "desnaturaliza su función, perjudicando gravemente su posición institucional y, por ende, el funcionamiento del Estado de Derecho en su conjunto".