Parece que esta vez será la definitiva. Casi 20 años más tarde del primer intento, y cerca de una década después de que el Ayuntamiento de Logroño declarara el inmueble en ruina económica, los propietarios del edificio ubicado en Gran Vía 21, el de color rosado en la esquina con República Argentina, podrán por fin derruirlo.

Así lo contempla una resolución de alcaldía del pasado 30 de junio, que otorga a la propiedad un plazo de cuatro meses desde la notificación para que inicie la demolición de un edificio sito en un goloso emplazamiento del centro de la capital una vez que se declara el inmueble en ruina económica.

Proyectado por Quintín Bello y construido entre 1928 y 1929 y reformado según diseño de Fermín Álamo en 1935, dos integrantes de la Dirección General de Arquitectura, Regeneración Urbana y Vivienda, entre los que figura su responsable, Jesús González Menorca, respaldan una resolución que puede ser recurrida ante el Contencioso Administrativo en tribunales o en reposición ante el propio Ayuntamiento. 

Los propietarios presentaron la solicitud de ruina de edificio, en cuyas viviendas no hay residentes, el pasado septiembre con la que aportaron sendos dictámenes periciales redactados por el arquitecto José Garrido Manso, en los que concluye que las patologías que sufre el edificio son «generalizadas en todo el inmueble y no cumplen las condiciones de estanqueidad y seguridad» que debe tener.

Técnicos municipales giraron el 15 de febrero una visita al edificio que tiene una superficie de 412 metros cuadrados de uso privado residencial y una ocupación máxima permitida de planta baja +5 alturas con tres viviendas por planta;el uso de los locales es comercial, de los que hay ocupados dos de los cuatro con los que consta.

Sin condiciones. Tras el reconocimiento del edifico, consideran que en el estado actual «no se cumplen de ningún modo las condiciones mínimas para asegurar su estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales, así como tampoco las relativas a las condiciones de habitabilidad».

Apuntan que el inmueble presenta un «agotamiento» de sus elementos estructurales fundamentales en lo relativo a los muros de carga interiores, como los cerramientos en el patio interior y de manzana, que ha provocado «grietas y lesiones de «relevancia», tanto en dicho muros como la tabiquería que los acomete. Estas lesiones acarrearían otras secundarias, pero, indica, las obras de reparación necesarias «pueden ejecutarse con medios técnicos normales», por lo que no se considera «suficientemente claro» la aplicación de este supuesto para la declaración de ruina estructural.

No obstante, determinan que la construcción de un inmueble de nueva planta equivalente al original ascendería a la cantidad de 2,4 millones, teniendo en cuenta la mano de obra, los precios y otros costes indirectos, además del 10% de IVA. Mientras, las obras de rehabilitación necesarias supondrían poco más de dos millones, cantidad equivalente al 85,71% del valor actual de construcción, «muy por encima del 50%» que se establece como límite máximo del deber de conservación. «Por lo tanto, al superar dicho porcentaje se cumple el supuesto para la declaración de ruina económica», señala la resolución de alcaldía, que «recuerda» a la propiedad que hasta la demolición del edifico debe velar por la seguridad del inmueble y disponer los medios oportunos para evitar riesgos a la vía pública y terceros.

Entre recursos y sentencias. Los propietarios de Gran Vía 21 llevan desde 2005 persiguiendo la declaración de ruina del edificio, vacío de inquilinos hace años, aunque con locales comerciales ocupados.  Es entonces cuando reciben la primera negativa de los tribunales sobre la base de que «el edificio ha estado sumido en la incuria durante años, dado que en los 76 del mismo, sólo se constata una única intervención en 1989 a los efectos de rehabilitación superficial y pintado de la fachada».

Años más tarde vuelven a la carga y en 2014, el Ayuntamiento lo declara en ruina económica, decisión a la que los propietarios de los bajos presentan alegaciones, que son desestimadas. Ante esta negativa acuden a Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que confirma la declaración de ruina en 2017. Los dueños de los locales persisten en su negativa a que el edificio fuera derribado y recurren ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), que en octubre de ese mismo año anula la sentencia del tribunal inferior, lo que provoca que la propiedad de las viviendas presente un recurso de casación ante el Supremo.

En septiembre de 2022 elevan de nuevo al Ayuntamiento la petición de declaración de ruina, que les vuelve a reconocer. Hay que esperar a la finalización del periodo de alegaciones para saber el desenlace.