El traslado de los juzgado en 2016 desde la que fue su ubicación durante más de seis décadas en Bretón de los Herreros hasta sus actual sede de Marqués de Murrieta abrió una importante herida en el centro de la ciudad que, si se cumplen las previsiones, podrá subsanarse una década después. Esta es la «prudente» previsión que maneja la Delegación del Gobierno para la conversión del antiguo Palacio de Justicia en sede administrativa de diversos servicios de la Administración General del Estado, para lo que ha de someterse previamente a una profunda intervención.

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, argumenta que subyace una doble la voluntad en la rehabilitación del viejo edificio; de un lado,  unificar en un solo espacio, «y en la medida de lo posible», todos los servicios que presta la administración central en este territorio y que se encuentran «diseminados» en distintos emplazamientos, lo que redundaría en  la mejora de la atención que se presta al ciudadano.

 De otro lado, se persigue otro objetivo encaminado a dotar de mayor eficiencia y sostenibilidad al patrimonio del Estado, con el ahorro del alquiler que se está abonando por los inmuebles en los que están ubicados algunos servicios, «en algunos casos muy alto». Se trata de la Oficina de Extranjería, la sede de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la Dirección General de Telecomunicaciones y Demarcación de Carreteras, que suponen en conjunto un coste anual de 172.000 euros.

La finalidad, añade Arraiz, es que todos estos servicios se ubiquen en el  edificio del antiguo Palacio de Justicia aunque, de no ser posible, serán trasladados a otros inmuebles que la Delegación del Gobierno tiene en propiedad, como la Gerencia Regional del Catastro, que se encuentra en Avenida de la Constitución, y que tiene «posibilidades para ello».

Estudios previos.  La titular de la Delegación, que señala que la rehabilitación de los antiguos juzgados se alinea con el plan estratégico del Ministerio de Política Territorial para acercar la Administración  del Estado a la ciudadanía,  informa de que para la consecución del objetivo de la entrada en funcionamiento del inmueble ya se están realizando los estudios previos sobre el estado actual del edificio para poder proceder después a contratar la redacción del proyecto. 

Estos análisis incluyen el levantamiento planimétrico, después de que a finales de diciembre se contrataran los trabajos que incluyen una parte documental donde se recojan superficies parciales y totales por zonas y plantas (útiles y construidas) y la descripción de los sistemas constructivos y materiales.  Además, en este apartado se incluye la parte gráfica, consistente en un levantamiento planimétrico completo, que recoja el estado actual en plantas, alzado y secciones «para saber exactamente con que superficie se cuenta porque igual los planos de los que se dispone no responden a la realidad».

La previsión es que el informe de levantamiento planimétrico estará listo a finales de febrero para realizar después el estudio estructural y la auditoría de instalaciones, que pueden ser simultáneos, y cuya duración sería de aproximadamente  dos meses.

«Hay que saber cómo están las conducciones de gas, la instalación eléctrica, las tomas de los ordenadores, cómo están las instalaciones y si pueden responder a las necesidades futuras o hay que cambiarlas», explica Arraiz, que apunta que no se espera que se encuentre en mal estado.

Una vez que se disponga del estudio estructural y la auditoría de instalaciones, que se prevén a finales de mayo, y se determine la ocupación del edificio, para lo que ya se mantienen reuniones, aproximadamente a finales del primer semestre, se procederá a licitar el proyecto de rehabilitación y obra del edificio del antiguo Palacio de Justicia de Logroño.

«De acuerdo a los plazos administrativos preceptivos y las obras de rehabilitación, el plazo estimado  para que concluya todo el procedimiento es finales de 2026», señala la delegada del Gobierno, que mantuvo ayer una reunión para esta materia con responsables de la Agencia Tributaria.

Beatriz Arraiz indica que las obras en el edificio contiguo, que también fue sede judicial y que se empleará para ampliar el teatro Bretón no influirán «en absoluto» en este inmueble, que mantendrá las actuales fachadas y, en principio, no está previsto derribar. 

«Ya veremos en que estado está la estructura», señala la delegada del Gobierno, que destaca también que la rehabilitación del Palacio de Justicia supondrá además, «la rehabilitación social del entorno, con el aumento de la actividad, que mejorará el entorno de la calle Bretón».

650.000 euros menos. La delegada del Gobierno en La Rioja,Beatriz Arraiz, informa de que la suma que se abona por los alquileres se ha reducido sustancialmente en una década, al pasar de los 819.000 euros de 2012 a los 172.000 de 2022. 

Esta rebaja obedece al hecho de que se han renegociado las sumas que se abonan por el arrendamiento de los locales y, fundamentalmente, por la puesta en funcionamiento como servicios administrativos del edificio en Doctores Castroviejo que albergó la antigua comisaría de Policía Nacional, donde se trasladaron numerosas dotaciones estatales. Entre ellas, figuran Inspección de Trabajo, el Instituto de Comercio Exterior (Icex), el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o el Fondeo de Garantía Salarial (Fogasa).

El objetivo con la futura actuación en el edificio del Palacio de Justicia es intentar «eliminar  al 100% o rebajar lo máximo posible» los alquileres que se están abonando.