El Tribunal Supremo Federal de Brasil (TSF) ha anulado este lunes las condenas relacionadas con la trama de corrupción Lava Jato del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) y le ha restituido sus derechos políticos, por lo que podría presentarse de nuevo a la elección de cargo público.

El magistrado Edson Fachin ha señalado que el tribunal que juzgó al expresidente no era competente por lo tanto quedan anuladas por una cuestión procesal las condenas correspondientes a los casos del Instituto Lula, el tríplex en Guarujá (Sao Paulo) y el caso Atibaia.

Fachin ha anulado la sentencia por considerar que la 13ª Jurisdicción Federal de Curitiba no es competente para los cuatro casos por Lava Jato abiertos contra Lula: el tríplex de Guarujá, el inmueble de Atibaia, los terrenos para la sede del Instituto Lula y las donaciones de Odebrecht.

En el caso del tríplex de Guarujá, el Supremo destaca que el único punto de "intersección entre los hechos narrados" en la denuncia contra Lula y la competencia del tribunal de Curitiba era la pertenencia de la constructora OAS al cártel de empresas que actuaba de forma ilícita en las contrataciones de Petrobras.

Lula fue condenado a doce años y un mes de cárcel por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales por aceptar el tríplex de lujo en Sao Paulo como pago de la constructora OAS a sus favores políticos.

"Descuida la acusación inicial de atribuir al procesado una relación de causa y efecto entre su actuación como presidente de la República y una determinada contratación realizada por el Grupo OAS con Petrobras", señala el Supremo.

Ahora, el caso debe ser de nuevo analizado por el Tribunal Federal del Distrito Federal, que deberá decidir "sobre la posibilidad de convalidación de los actos de la instrucción", según recoge la prensa brasileña.

Los otros tres casos tienen defectos similares. "En todos los casos, las denuncias fueron estructuradas de la misma manera (...), atribuyéndole el papel de figura central de un grupo criminal organizado", ha argumentado el juez Fachin.

El propio magistrado recuerda que la defensa de Lula planteó estas cuestiones durante el proceso judicial, pero "por primera vez el argumento reúne las condiciones procesales para ser examinado" por el TSF. "Se ha verificado que los supuestos actos ilícitos apenas implicaban directamente a Petrobras", ha subrayado.

Tras esta decisión, Lula podría presentarse de nuevo a las elecciones presidenciales que están previstas para 2022, lo que podría suponer un terremoto político en Brasil. Entre las primeras reacciones a la sentencia está la de la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, Gleisi Hoffmann, quien ha indicado que están analizando el documento.

"Estamos esperando al análisis jurídico de la decisión del juez Fachin, quien ha reconocido con cinco años de retraso que (el juez) Sergio Moro nunca debería de haber juzgado a Lula", ha apuntado en Twitter.

Lula ingresó en prisión el 7 de abril de 2018. Su condena supuso además su inhabilitación como candidato presidencial cuando era el favorito en las encuestas a las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2018, que auparon a la Presidencia al actual mandatario, el ultraderechista Jair Bolsonaro.