El Senado escenificó ayer un nuevo debate sobre la proposición de ley de amnistía que no deparó ninguna sorpresa. Cada formación política mantuvo sus posiciones y la mayoría del Partido Popular, apoyada solo por los tres senadores de Vox, la de UPN y el de la Agrupación Herreña Independiente, sirvió para vetar una medida de gracia que supone el pago de Pedro Sánchez a los independentistas para seguir en La Moncloa. Insistiendo en su 'inconstitucionalidad', los populares cumplieron con un trámite que han alargado todo lo que han podido en la Cámara Alta, pero que finalmente servirá para que el Congreso apruebe definitivamente la ley en las próximas dos o tres semanas con el respaldo del bloque progresista formado para la investidura.
El veto tuvo más de simbólico que de práctico, ya que no impedirá su entrada en vigor, probablemente antes del verano, y permitió a los socialistas sacar pecho tras los resultados catalanes y encabezar la defensa, con la que coinciden el resto de formaciones, de que esta ley de amnistía es una apuesta por la convivencia y la normalización política en Cataluña. El PSOE siguen sin abrir los ojos a una realidad con la que más pronto que tarde chocarán, no ven la voracidad y la falta de escrúpulos de sus socios independentistas, que ayer se dedicaron a recordar, una vez más, a Pedro Sánchez y sus obedientes parlamentarios que la amnistía no es el punto final a sus reivindicaciones, sino más bien un punto y seguido.
Tanto ERC como Junts, no obstante, han avisado al PSOE de que la amnistía no pone fin a sus reivindicaciones. La senadora Sara Bailac manifestó claramente sus intenciones: "Hemos logrado la amnistía y vamos a por el referéndum de autodeterminación". No sorprende esta postura de los dos principales partidos independentistas de Cataluña, aunque habrá que ver si se recrudece la guerra entre ellos tras los resultados del pasado domingo, ni tampoco el silencio cobarde de los socialistas, que hace temer una nueva escalada reivindicativa en la formación del gobierno catalán.
En conclusión, el Senado abrió la puerta, a pesar de su veto, a que una mayoría progresista y nacionalista remache una vergonzosa ley de amnistía que defiende los intereses personales de un colectivo que debería cumplir con la Justicia como el resto de los españoles y que, sin duda alguna, tendría que pagar su deuda por los actos delictivos cometidos bajo el amparo del 'procès'. Los socialistas alzan ahora la voz por el buen resultado obtenido en los comicios en Cataluña, pero seguramente algún día pagarán en otras jornadas electorales los daños y perjuicios que están ocasionando a España las políticas de Pedro Sánchez desde La Moncloa. Esperemos que no sea demasiado tarde.