En pleno debate sobre fiscalidad, el Gobierno de La Rioja ha decidido mantener sin cambios su normativa impositiva de cara a 2023. El consejero de Hacienda, Celso González, defiende el mantenimiento del de patrimonio en que «garantiza la redistribución de la renta y la riqueza» pues recauda a los contribuyentes con más bienes. Además, resalta que la tarifa autonómica del IRPF «tiene el efecto redistributivo deseado» de que las rentas bajas y medias no sufren una presión fiscal elevada si se compara con otras comunidades.

El decano del Colegio de Economistas de La Rioja, Ernesto Gómez Tarragona, critica la politización a la que se somete a la fiscalidad, una circunstancia que se ha visto acentuada en las últimas semanas, particularmente con el de patrimonio. «Se ha abordado desde un plano muy político, cuando debería haberse producido un debate sosegado desde un punto de vista técnico», argumenta el economista, que no comparte la política fiscal del consejero.

En un contexto en que el aumento de los precios ronda el 10% -la subida interanual el paso septiembre fue del 9,7% en La Rioja- aconseja deflactar la tarifa del IRPF, esto es, modificar los tramos de cotización, aumentando los mínimos familiares y personales, como han anunciado Galicia, Valencia o más recientemente Madrid  para convertir el impuesto en «más progresivo». 

Reconoce, no obstante, que La Rioja ya decretó una reducción de las bases mínimas de cotización y elevó las más altas «con respecto a la media española» para convertir el tributo en más progresivo, aunque insiste en que la medida «más correcta técnicamente» para deflactar el efecto del IPCes «aumentar las reducciones personales o de rendimientos de trabajo», lo que beneficia, en particular, a las rentas más bajas.

Patrimonio. Respecto al impuesto de patrimonio, con 15 millones que recaudó La Rioja el año pasado, el decano de los economistas señala que  aunque  es una cuantía que permite acometer «muchas actuaciones» es «muy pequeña».  Sobre esta evidencia, argumenta que una de las críticas que realizan los técnicos sobre este impuesto es su «prácticamente nula capacidad recaudatoria» y  recuerda que se creó en 1991 con carácter provisional «para que Hacienda sepa el patrimonio de cada español». «Tiene un carácter censal», explica Gómez Tarragona, un uso que se podría mantener con una bonificación de hasta el 100%, aunque añade que Hacienda «posee una cantidad de información que en 1991 no tenía, de tal manera que los efectos censales son ahora «escasos» y  desincentiva el ahorro.