Tras los recelos suscitados en su momento acerca del entramado jurídico- económico de la Ciudad del Envase y el Embalaje, las auditorías encargadas por el Gobierno de La Rioja sobre los proyectos estratégicos que dejó Concha Andreu siembran también dudas sobre la legalidad del acuerdo firmado por el anterior Ejecutivo regional para potenciar el Centro Logístico Intermodal de La Rioja (CLIR), que opera la empresa privada Royo en el polígono de El Sequero.
Esa incertidumbre ha llevado al equipo de Gonzalo Capellán a pedir al Consejo Consultivo de La Rioja que emita un dictamen jurídico que diga si todo lo firmado por el Gobierno socialista en esa operación de naturaleza público-privada y su tramitación se ajustan a la ley. Las sospechas vienen dadas por las conclusiones de una de las auditorías encargadas por el actual Ejecutivo del PP, que apunta a posibles irregularidades tanto en la tramitación de ese proyecto, como en la implicación de la Administración regional en el mismo con financiación pública.
El encargo al Consejo Consultivo se refiere al 'dictamen facultativo de Consejo de Gobierno sobre el cumplimiento normativo en el proyecto del Centro Logístico Intermodal de La Rioja (CLIR)'. Además de la declaración de esta plataforma intermodal de transporte de mercancías como Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER), aprobado en marzo de 2022, el Gobierno Andreu anunciaba tres meses después una inversión pública de 3,65 millones de euros en las instalaciones ferroviarias del CLIR, a través de la Fundación Ciudad del Envase y el Embalaje.
Esa financiación se sumaba a los 11,5 millones aportados por la empresa Transportes Royo, que opera las instalaciones, con trenes de carga que conectan El Sequero con los puertos de Barcelona y Bilbao. La implicación del Ejecutivo iba dirigida a construir una segunda vía, una plataforma de contenedores de 12.000 metros cuadrados y maquinaria para carga. El acuerdo establecía, además, que, durante los próximos 30 años las vías serán infraestructuras públicas del Gobierno de La Rioja operadas por la empresa privada Royo.
Suelo industrial en Calahorra y Alfaro
El Gobierno de La Rioja sopesa también pedir al Consejo Consultivo que emita un dictamen sobre la legalidad de los acuerdos suscritos por el anterior Ejecutivo socialista con la Sociedad Estatal de Equipamientos Industriales (Sepes) para la compra de suelo industrial en los polígonos de El Recuenco, en Calahorra, y la Senda, en Alfaro. En el caso de Calahorra, la operación iba vinculada al proyecto Ciudad del Envase. El Gobierno de Capellán ya ha expresado su recelo a seguir con la operación, al considerar que ese acuerdo de compra de suelo compromete de forma peligrosa a La Rioja en el cumplimiento de unos plazos para la instalación de empresas difíciles de cumplir.