Podemos, con Ione Belarra a la cabeza, ha propuesto la creación de una red de supermercados públicos para bajar así los precios de los productos de primera necesidad.

Belarra ha calificado de "capo", jefe de la mafia, a Juan Roig, propietario y gestor de Mercadona, la cadena española de mayor expansión, a pesar de que tiene como adversarios en su negocio a las más importantes cadenas alemanas y francesas, que han entrado con fuerza en nuestro país. Con ese sobrenombre, la líder de Podemos da a entender que considera a Roig un delincuente.

Podemos es un partido de gobierno, por eso hay que tomarse en serio sus iniciativas porque Sánchez puede decidir ponerlas en práctica para mantener la coalición. Ione Belarra propone el modelo venezolano y describe un escenario idílico, con precios muy bajos y controlados por el gobierno. Cuando se la escucha se llega a la conclusión de que no sabe nada del mundo del comercio, y mucho menos del comercio de la alimentación. Como tampoco sabe nada de cómo es la vida en Venezuela, donde faltan los productos de primera necesidad, el trueque está a la orden del día, son habituales las estanterías vacías en los supermercados y hace años que no llegan marcas que eran habituales antes de que gobernaran los defensores de la república bolivariana. Tan mala ha sido la experiencia de los supermercados públicos, que desaparecieron en 2016. No duraron ni 10 años. Cosa que debería saber Belarra: por cultura general, por su ideología chavista … y porque es ministra. Qué menos.

No se sabe muy bien dónde compra, pero da la impresión de que visita poco los supermercados, si los visita; y no cruza palabra con los encargados, dependientes y reponedores. Para tener surtido son absolutamente necesarios los proveedores, que saben perfectamente el coste de lo que venden, sobre todo si se trata de productos de alimentación. Coste que dependen de las inclemencias climáticas, del precio de la energía, de los abonos, del transporte y de los salarios de los trabajadores del campo y ganadería. Y conocen también la legislación de la Unión Europea.

Si piensa Belarra que un gobierno democrático puede fijar determinados precios es que no vive en este mundo. Su propuesta es de imposible aplicación, y el simple hecho de plantearla es una inmoralidad, porque crea falsas expectativas en quienes más necesitados están de que bajen los precios de todo, no solo de la cesta de la compra. Este gobierno, al que pertenece Belarra ha promovido además medidas para impedir la venta directa, sin intermediarios, y aprobado normas que impiden abaratar los productos.

No todo vale en campaña electoral. No se puede admitir el engaño y mucho menos promover una política comercial chavista que el propio Maduro se ha visto obligado a abolir ante sus nefastas consecuencias.

Una vez más volvemos a preguntarnos en qué manos estamos y si nos merecemos tanto disparate promovido desde el propio gobierno.