feli agustín / Logroño
«El remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2020 presenta un saldo negativo de 93 millones de euros que no refleja la verdadera situación financiera a corto plazo de la Administración General de la Comunidad», encontrándose sobrevalorado, al menos, en 23 millones de euros. Así lo refleja el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad de La Rioja correspondiente al ejercicio 2020, y que ha hecho público recientemente el Tribunal de Cuentas. (TC).
No obstante, y con ciertas salvedades y recomendaciones, que afectan tanto a la administración general como a sus entidades dependientes, el TC señala en el documento que reflejan «una imagen fiel» de la situación económica-patrimonial y presupuestaria de La Rioja.
El Informe de Fiscalización evalúa las cuentas, los actos o los hechos de la actividades económico presupuestaria de las 20 entidades que conforman el sector público riojano, entre las que figuran la Administración general; los organismos autónomos -SERIS y el IER, Instituto de Estudios Riojanos-;los entes públicos, ADER y el Consejo de la Juventud; y las sociedades públicas IRVI, La Rioja 360 y Valdezcaray y las ocho fundaciones, entre las que figuran Dialnet, la del Hospital Calahorra o la Fundación Riojana para la Innovación;la UR y los consorcios de aguas y el del servicio de extinción de incendios, salvamento y protección civil (CEIS).
Apunta que la Cuenta de la Administración General de la Comunidad se ha adaptado a los principios y normas contables del Plan General de Contabilidad Pública de La Rioja, aunque detecta varias «incorrecciones y salvedades contables». En este capítulo, el Informe de Fiscalización, entre otros aspectos, cita que no se habían contabilizado bienes transferidos y bienes cedidos por el Estado a la comunidad por 100 millones de euros, ni se han dado de baja bienes cedidos a terceros por 28 millones.
Igualmente, los acreedores estaban infravalorados en 109 millones al no haberse contabilizado la deuda con la Administración del Estado como consecuencia de las liquidaciones negativas del sistema de financiación correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009.
Constata también que la ausencia de «unos registros de inventarios en las rúbricas de infraestructuras y de otro de inmovilizado material» impide determinar si los saldos contables al cierre del ejercicio (563 y 234 millones de euros, respectivamente) reflejan la situación patrimonial de esos activos.
El lío de los inmuebles. Menciona que continúan pendientes de registro los 19 inmuebles recibidos de la Administración central dentro del traspaso de funciones y servicios del Insalud, que se produjo en 2001, «dado que no se han formalizado las pertinentes actas de entrega y recepción de los bienes». Informa de que estos bienes fueron dados de alta sin valoración, aunque en 2013 se valoraron en 42, 5 millones, pero siguen sin contabilizarse. Además, se han detectado, «al menos», otros 153 bienes cedidos por el Estado, con un valor de adquisición de 57, 7 millones de euros, que también está pendientes de regularización y registro. De la misma manera, critica que siguen sin darse de baja en contabilidad 52 inmuebles cedidos a terceros, lo que supone la «sobrevaloración del inmovilizado y de los resultados de ejercicios anteriores» en 28, 4 millones.
El informe censura la falta de regulación de un sistema de seguimiento y evaluación de los programas de gasto que permita conocer su grado de cumplimiento y la ausencia de controles financieros de los programas presupuestarios-
Respecto a las cuentas anuales individuales del resto de entidades que integran el sector público autonómico, en general se rindieron «de conformidad con las normas aplicables reflejaron en todos sus aspectos significativos la situación económica, financiera y patrimonial de las entidades». Al respecto, menciona que los consorcios de extinción de incendios y de aguas elaboraron «incorrectamente» sus cuentas de acuerdo con los principios y criterios contables previstos en la instrucción de contabilidad local y los informes de auditoría de un ente público, dos fundaciones y un consorcio «han emitido opinión con salvedades».inión con salvedades».