Con los precios y la rentabilidad de la actividad como telón de fondo y cuando además están próximas las negociaciones para la renovación de miles de contratos, la leche ha vuelto a convertirse en eje de la polémica en el sector agrario ante la existencia de dos posiciones enfrentadas: la defendida por la patronal de las industrias (FeNIL) y la respuesta enviada por parte del sector productor.

Desde FeNIL (Federación Nacional de Industrial Lácteas) se insiste en la dificultad de las empresas para operar en los mercados a partir de una materia prima cuyo precio en España es muy superior al del resto de los países comunitarios. Según los datos oficiales, aquí se paga entre 0,51 y 0,53 euros por litro, mientras la media de la Unión Europea se sitúa entre los 0,43 y los 0,44 euros.

Esta diferencia en los precios de la materia prima -más de 0,10 euros por litro-, es considerada por la patronal un factor determinante y negativo para medir su presencia, tanto en el mercado interior como, sobre todo, en la exportaciones. Esta situación se entiende que afecta a su supervivencia y a su capacidad para competir, pero, a la postre, también afecta a la supervivencia de las propias explotaciones ganaderas, que sufrirán si no hay una industria transformadora potente y rentable.

Por su parte, desde el sector productor de leche se critica que la industria acuda ahora a este planteamiento de la falta de competitividad, reclamando además medidas de apoyo públicas, y se teme que ello sea el avance de su estrategia para rebajar los precios a los ganaderos en origen este otoño. El sector recuerda que, en la década anterior, las empresas estuvieron pagando unos precios medios en España de entre 0,33 y 0,35 euros el litro, muy por debajo de la media de la UE. Una diferencia de cotizaciones que les permitió actuar entonces en los mercados en una posición ventajosa sin que hicieran uso de esos mayores beneficios para acometer procesos de reestructuración de cara a mejorar su competitividad.

Con una demanda interior de leche y productos lácteos de unos diez millones de toneladas, en los últimos años ésta ha registrado un leve ajuste a la baja, especialmente en leche. Las condiciones de los mercados en el mismo periodo dieron lugar a un discreto incremento de las importaciones de leche para consumo directo hasta poco más de 100.000 toneladas. Sin embargo no sucedió lo mismo con las importaciones de queso, especialmente de pasta blanda, que se dispararon hasta unas 360.000 toneladas como consecuencia de unos precios muy bajos frente a los ofrecidos en España por la industria. No es un problema de eficiencia industrial. Simplemente, la posibilidad de una industria en otros países comunitarios para utilizar en la fabricación leches excedentarias a bajos precios fue hundiendo la producción nacional de ese tipo de oferta y, en consecuencia, se produjo una reducción en las compras de leche en el campo.

Fruto de este nuevo escenario de más importaciones y de una menor demanda, los precios que a finales de 2022 habían experimentado su «primavera» particular con cotizaciones de hasta 0,60 euros y que se mantuvieron con ligeras oscilaciones en los primeros meses de 2023 iniciaron en el segundo semestre de este año un ajuste para colocarse en los niveles actuales, entre los 0,51 y los 0,53 euros, y ligeramente por debajo de esas cifras en Galicia, donde se sigue concentrando más del 40% de la oferta.

El futuro.

En principio, este otoño no se prevén grandes cambios en las políticas de precios de las industrias y se habla fundamentalmente de estabilidad, con muy ligeras oscilaciones. Desde Agaprol, la primera organización de productores del sector, se abunda en la necesidad de unas políticas de responsabilidad por parte de las industrias que apoyen la estabilidad y el mantenimiento de la actividad, frenando una dependencia exterior que provocaría acabar con las explotaciones locales.

La estabilidad y la continuidad del sector lácteo no depende solamente de una política de responsabilidad de las industrias, sino también de la misma política por parte de la distribución, que ha utilizado tradicionalmente la leche como un producto reclamo sin remunerar lo justo a la industria. Esta situación se ha trasladado inevitablemente a los ganaderos y se ha echado de menos en muchos casos las actuaciones de la Agencia de Información y Control Alimentarios.

Esas diferencias de los precios entre los pagados en España y en los principales países comunitarios, el aumento de las importaciones más baratas en leche y fundamentalmente en queso, mayores dificultades para exportar y un retroceso en la demanda interior han sido factores que al final se han trasladado al sector productor. Y esto ha dado lugar una reestructuración y un adelgazamiento con menos producción, menos explotaciones y menos animales, situación que en parte se traslada igualmente a la industria.

Esta circunstancia de precios bajos y falta de rentabilidad provocó que en España se llevara a cabo un fuerte ajuste de explotaciones. En pocos años se ha pasado de más de 15.000 a las actuales 10.000; el número de vacas ha caído de 820.000 a 790.000; y la producción de 7,5 a 7,3 millones de toneladas, muy por debajo de la demanda interna.

Desde la perspectiva de la competitividad, el proceso de reestructuración es un paso adelante, con un fuerte incremento de las explotaciones con producción de más de un millón de kilos, de 1.291 a 1.448 entre 2016 y 2020. Cabe destacar que las granjas con entregas superiores a ocho millones de kilos pasaron de 28 a 44 en el mismo periodo. En la parte contraria se ha registrado una fuerte reducción de explotaciones con menos de 500.000 kilos y, especialmente las de menos de 50.000 (de 2.669 a 1.530).

La desaparición de granjas pequeñas es un proceso lógico hasta cierto punto (rentabilidad, falta de relevo), pero no por ello hay que olvidar que supone un paso más en el despoblamiento del medio rural.