La democracia interna es una condición constitucional para la existencia de los partidos políticos y así se recoge en sus estatutos. Pero luego llega el Romanones de turno y redacta los reglamentos adecuados para blindar la posición del líder y acondicionar todos los debates a las necesidades del núcleo dirigente y que todos asuman el centralismo democrático y se acallen las voces discrepantes, o queden reducida a la mínima expresión. Ni en el PSOE como se ha demostrado con los resultados del Comité Federal celebrado el sábado, ni en el PP, que intenta sacudirse la depresión poselectoral de la victoria fracasada, existe una confrontación de ideas que merezca tal nombre.
En el primer caso porque Pedro Sánchez, tras su defenestración y vuelta a la secretaría general del PSOE, ahormó todos los procedimientos y situó en los puestos más relevantes del partido a personas de su confianza que no volverían a traicionarle. Por eso en el máximo órgano de gobierno del PSOE entre congresos solo se escucharon dos intervenciones en contra de la futura ley de amnistía a los investigados y condenados por el 'procés' -las de Emiliano García-Page y Odón Elorza-, que facilitará la investidura de Pedro Sánchez. El resto se sumó por aclamación a la pregunta que se formulara a la militancia. Una mayoría que hasta ahora no se corresponde con la de los votantes socialistas que, a expensas de la labor pedagógica sobre los beneficios de la amnistía que inició Sánchez el sábado –"hay que hacer de la necesidad virtud" para lograr la investidura y es "la única vía" para que no se repitan las elecciones- está fraccionada sobre la medida de gracia para el prófugo Carles Puigdemont y el resto de implicados en el 'procés'. La consulta a la militancia sobre los pactos para la investidura con un debate tan desproporcionado sobre las distintas posiciones prefigura su resultado al margen de las consecuencias que pueda tener para las instituciones democráticas.
Tampoco en el PP está mejor la situación. Es preciso esperar a ver si fracasa su estrategia de pedir una repetición electoral, o la más improbabilísima celebración de un referéndum nacional sobre la concesión de la amnistía, para que en el seno del PP se produzca un necesario debate ideológico y una toma de posición definitiva al menos sobre dos asuntos, la relación con Vox y la que se quiera establecer con el independentismo catalán, o mejor dicho con quién interpretan que es el representante independentista de los sectores conservadores de la sociedad catalana, que no es otro que Junts, el partido de Puigdemont, y más ahora que se avecina la disolución definitiva del PdCAT, los verdaderos herederos de la Convergencia pujoliana con la que pactó José María Aznar.
Los intentos del líder del PP de acercarse a Junts, con piropos al partido y a su factótum Puigdemont, han sido contestados sin remisión y sin debate por el ala dura de un partido en el que solo existe unanimidad sobre el intenso grado de dureza con el que ejercer la oposición. Para fijar el resto de posiciones ideológicas del partido y comprobar si tiene cabida algún tipo de mensaje de moderación, o apuntalar el discurso más conservador, sería precisa la celebración de una convención o en el caso más extremo de un congreso. Una conferencia política que, una vez asentado el liderazgo de Feijóo, fije el marco para minimizar los bandazos ideológicos y conocer la fuerza de cada familia del partido.