El único gas natural que se extrae en la actualidad del subsuelo español sale de un pozo rodeado de viñas riojanas, pero tributa en Madrid. La Comunidad autónoma y los municipios de Sotés y Hornos de Moncalvillo, en cuyos términos se asienta la planta gasística, han perdido una compensación millonaria, no menos de dos millones de euros, al no percibir los ingresos que legalmente les correspondería por la aplicación del impuesto de hidrocarburos que paga cada año la compañía concesionaria del yacimiento 'Viura'.
La razón es que La Rioja no ha reclamado formalmente al Estado, al menos con documentos oficiales que lo demuestren, la compensación que establece la Ley de Extracción de Hidrocarburos, que fija también un mecanismo para determinar su importe y distribución a través de otra normativa, la de subvenciones. Quienes sí lo han reclamado y piensan seguir haciéndolo son los dos ayuntamientos afectados, que hace ahora un año remitieron un escrito oficial a la Administración central en el que le recordaban su obligación de resarcirles por el hecho de tener en sus terrenos una explotación de extracción de gas.
Solo en los tres últimos ejercicios contables, los correspondientes al momento en que la firma norteamericana Heyco Energy Group entró en la sociedad concesionaria de la planta como operadora y accionista mayoritaria, la compañía ha abonado al Gobierno central más de 1,6 millones de euros por el impuesto de hidrocarburos. La cifra establecida por ley corresponde a un 4 por ciento de la producción bruta de la planta.
De esa cifra, el mayor importe corresponde a la carga tributaria del año 2022 (que la compañía pagó en 2023), con 834.997 euros abonados al Estado, que recibió 524.412 euros por el ejercicio de 2021, mientras que el pago de 2023 se queda en 252.030 euros.
Desde el Gobierno de La Rioja señalan que no hay constancia de que en los años anteriores al actual mandato se haya cursado por vía oficial una solicitud de estas cantidades y las anteriores, dado que la planta inició su funcionamiento en octubre de 2017 y cabría haber reclamado el impuesto del año 2018 y sucesivos ejercicios fiscales.
Presupuestos prorrogados. Fuentes del Ejecutivo de Gonzalo Capellán aseguraron a El Día de La Rioja que su intención es reclamar ese ingreso que le corresponde a la Comunidad, una exigencia que iba a curarse este año, pero que no será posible al haberse prorrogado los Presupuestos del Estado por el adelante de las elecciones catalanas, dado que la compensación a la región y a Sotés y Hornos de Moncalvillo debe quedar reflejada en las cuentas del Estado, de manera que en las de 2024 no aparecerá al repetirse las de 2023. «La intención es reclamarlo; el no poderlo hacerlo este año es un efecto más de la prórroga presupuestaria», indicaron.
«No hemos recibido ni un euro desde que está la planta funcionando», sentencia el alcalde de Sotés, Antonio Rodríguez, que recuerda que quienes sí han cobrado desde el principio son los propietarios de las fincas situadas a un kilómetro y medio de radio desde el epicentro del yacimiento de gas, que perciben lo correspondiente al 1% de los ingresos brutos de la empresa que explota la planta. Se trata de un mecanismo de compensación que abona directamente la compañía, distinto al impuesto, que lo paga en Madrid. Según datos de Heyco, los dueños de terrenos percibieron 270.320 euros en 2022.
«Iremos donde haya que ir y hablaremos con quien haya que hablar», remarca el alcalde de Hornos de Moncalvillo, Antonio Mayoral, que el 28 de marzo de 2023 registró en la Delegación del Gobierno de La Rioja un escrito, suscrito también por su homólogo de Sotés, y dirigido a los ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica en el que ambos regidores reivindican la dotación que prevé la Ley de Hidrocarburos. Las cantidades corresponden al 4 por ciento de la producción desde que la planta inició la extracción de gas en 2017, que según sostienen debería repartirse en un 2 por ciento para las arcas de la Comunidad autónoma y el resto a partes iguales para Hornos y Sotés.
Mayoral estima que lo que se ha dejado de percibir supera los 2 millones de euros y destaca que la compañía que gestiona la planta «ha pagado siempre religiosamente» a los dueños de terrenos la compensación directa y ha hecho lo propio con el impuesto de hidrocarburos, pese a que a La Rioja no ha visto ni un euro al no haber formalizado la reclamación.
Al alcalde de Hornos de Moncalvillo le consta, eso sí, que desde la Delegación del Gobierno «sí han movido ficha» y han trasladado esta cuestión al Ejecutivo central. Lejos de arrojar la toalla, Antonio Mayoral se muestra dispuesto a ir a Madrid, junto con el alcalde de Sotés, a reclamar ante los ministerios, «porque es un derecho que tenemos por ley».