Los datos del ministerio del Interior relativos al tercer trimestre del presente ejercicio 2023 sobre las estafas online preocupan en el seno de las empresas, de las administraciones públicas, entre particulares pero también en los Cuerpos de Seguridad del Estado e incluso en dependencias judiciales. Entre julio y septiembre de 2023 los riojanos interpusieron 590 denuncias por estafas vinculadas al mundo online. Un dato que arroja un saldo diario de más de seis denuncias cada día y una tónica que se mantiene estable en los nueve primeros meses del año, en base al balance de criminalidad que realiza de forma trimestral el área de Gobierno de Fernando Grande Marlaska.

De hecho, la comparativa con el mismo periodo del pasado ejercicio, proyecta unos datos prácticamente similares. Entre enero y septiembre de 2022 los riojanos interpusieron  1.582 denuncias relacionadas con los timos a través de internet. Un ejercicio, el 2022, que cerró con 2.183 delitos vinculados a la red de 

Cualquier oportunidad de dar visibilidad a esta realidad es poca, tal y como insisten los Cuerpos de Seguridad del Estado, más aún cuando muchas de las estafas no terminan ni por derivar en denuncia, según recuerda David Maeztu, abogado especialista en derecho de internet. 

La cibercriminalidad online, que recoge además otros delitos penales cometidos a través de internet,  también experimenta incremento aunque en este caso solo del 1,7%. en relación a los nueve primeros meses del pasado ejercicio, según los datos esgrimidos por el ministerio del Interior.

Tasa de casos esclarecidos. Todo ello en un contexto en el que nadie está libre de la acción de los malhechores digitales. Los ayuntamientos de Murillo de Río Leza y de Ábalos y la Cooperativa Vinícola de Sotés han denunciado estafas online recientemente. El timo a las dos entidades locales supuso unas cuantías próximas a los 90.000 euros y en el caso de la sociedad emplazada en Sotés, otros 35.000 euros. Casos que se encuentran en manos de la Guardia Civil. 

Ahora bien, resulta complejo medir a nivel estadístico la tasa de resolución de este tipo de casos que suele dar sus frutos pasados unos meses. Es decir, una denuncia por estafa informática no se resuelve en días y precisa de tiempo para proceder al bloqueo de las cuentas bancarias tras el contacto con las entidades financieras, localizar a los autores e intentar recuperar las cantidades estafadas. Dicho de otra forma, un caso denunciado en enero podría resolverse seis meses después con lo que las estadísticas de Interior contabilizaría la tasa de esclarecido al tiempo de haberse cometido el delito.

«Ni la Policía ni los juzgados pueden absorber tantos casos»

David Maeztu, abogado riojano especialista en derecho de internet ve inviable que los Cuerpos de Seguridad del Estado y los organismos oficiales «puedan resolver todos estos casos» en tiempo y forma. La magnitud que adquieren las estafas online hace inviable su resolución en tiempo y forma. Alerta igualmente de la magnitud de lo que está por detrás. Se refiere así a estafas que, por diferentes razones, quedan sin denunciar.

En su opinión, las empresas «están invirtiendo en seguridad informática» más aún ante la infinidad de casos que se van haciendo públicos en los últimos meses y en los últimos años. «Muchas veces -prosigue Maeztu- el problema está en los propios usuarios-trabajadores de las empresas». Exceso de confianza, despistes o errores involuntarios «llevan a instalar troyanos sin querer» a través de los cuales atacan la seguridad de las compañías.

También resalta el abogado experto en derecho en internet que, como toda delincuencia, «las estafas online también van por delante» lo que complica las investigaciones. Algo similar de lo que ocurre con las empresas que «invierten en seguridad pero la estafa también va por delante», asegura David Maeztu.

entre particulares. A nivel particular, aunque no en exclusividad, muchos problemas llegan a través de los más jóvenes, entre otros motivos porque, por lo general, son los que más tiempo pasan delante de las pantallas. El mecanismo es similar, «la instalación sin querer de aplicaciones a través de las cuales» los malhechores hacen su particular e ilegal negocio.

Maeztu trabaja actualmente varios casos denunciados por empresas riojanas «que vienen de muy lejos». No se trata de un modelo de estafa nueva pero Interior la registra desde 2021.