Ministerio de Agricultura, organizaciones agrarias, Cooperativas Agro-alimentarias, entidades aseguradoras a través de Agroseguro, Comisión Europea, FAO y representantes a nivel individual de diferentes países, entre los que se halla Estados Unidos, han celebrado esta semana en Jerez de la Frontera un Congreso para debatir la situación y el futuro de los seguros agrarios, tema en el que España es uno de los países pioneros. Preocupa el cambio climático, el aumento de la siniestralidad y la necesidad de articular mecanismos de equilibrio entre aseguradoras y asegurados. La clave está en conseguir, a través de subvenciones públicas, que el coste de las primas sea atractivo para el agricultor y hacer que la cobertura de las producciones sea realista, de modo que no se oferte un seguro que no interese.
En la política de los seguros agrarios, aunque existen voces discrepantes, no hay muchas dudas, ni entre las aseguradoras ni en el campo, sobre la existencia de un cambio climático. Las compañías son quienes lo tienen más claro. Para la patronal, Agroseguro, el sector agrario se enfrenta a una nueva realidad que se concreta en tres hechos constatables. Primero, que las sequías cada vez son más frecuentes y han pasado de una periodicidad de varios años a repetirse prácticamente cada dos campañas o en campañas consecutivas. Segundo, que los fenómenos son cada vez más virulentos, especialmente por las lluvias torrenciales y las inundaciones. Tercero, que cada vez están más deslocalizados en el tiempo: las heladas han dejado de ser cosa de los primeros meses del año para alargarse acabando la primavera.
En el caso de España, este cambio climático se estaría reflejando, según datos provisionales de las entidades aseguradoras, en un aumento de la siniestralidad. Se ha pasado en los últimos años de unos 800 millones de euros a los más de mil millones que ya se han pagado este año, la mitad solamente por la sequía, con previsión de superar en los próximos meses, a fin de año, los 1.200 millones, cifra récord histórica que supera ampliamente al valor de unas primas que se quedan en unos 858 millones. Y estos datos, repetidos durante varios años, tienen sus consecuencias en las compañías aseguradoras.
Un primer efecto de este desajuste entre pagos por indemnizaciones y primas percibidas -aunque las compañías tienen igualmente entre sus ingresos los cobros por las comercialización de las pólizas- es la necesidad de acudir cada campaña para ajustar resultados a los fondos existentes en la caja del Consorcio del seguro, que año tras año se va vaciando hasta situarse en la actualidad en menos de 400 millones. Los fondos del Consorcio hacen que las compañías no pierdan, si bien se llegaría a un nuevo escenario si se agotan ese montante.
Los seguros agrarios han sido, y son, aunque no el único, un instrumento clave de la política agraria. Por esa razón el Ministerio de Agricultura ha mantenido en los últimos años un compromiso de apoyo articulando ayudas para subvencionar el coste de las primas, pasando de poco más de 200 millones de euros hasta los 357 millones actuales, cantidad que supone más del 45% de todos los apoyos públicos a esta política. A esta cifra se suman unos 100 millones de euros de todas las comunidades autónomas, desde donde no hay, sin embargo, una política general de coherencia hacia el sector. Mientras unas hacen una clara apuesta por el seguro, otras se mantienen remisas, lo que, en algunos casos, provoca un trato discriminatorio entre agricultores colindantes que operan en un mismo mercado. Un claro ejemplo de este caso sería la diferencia de apoyo entre la Comunidad Valenciana, con 27 millones de euros para subvencionar las primas, y los cuatro millones de su vecina Región de Murcia.
Sumadas unas y otras ayudas públicas, el seguro agrario tiene el techo del 70% en la subvención de las primas cuando se trata de jóvenes profesionales de la actividad agraria, con una media de apoyos para el resto superior al 50%.
Darle una vuelta.
Hoy, a la sombra de ese cambio climático, se impone un debate global sobre esta política. Todas las partes coinciden en la necesidad de «darle una vuelta» para conseguir la viabilidad de un seguro agrario efectivo con unas coberturas suficientes que pasaría por respuestas a tres bandas: de las Administraciones, de las compañías aseguradoras y del propio sector.
Las aseguradoras tienen en su mano la posibilidad de reducir costes de gestión y la necesidad de ajustar las primas, de lograr una mayor universalización del seguro y con ello un mayor equilibrio en los resultados para que no aseguren solamente los territorios y los agricultores de mayor riesgo, así como tratar de incorporar al seguro cultivos hoy reacios a suscribir pólizas, como el olivar -la antítesis de lo que ocurre con los herbáceos-.
El futuro del seguro agrario pasa igualmente por tener unas primas de interés y para ello han sido y serán claves los fondos públicos para apoyarlas en un momento de alta siniestralidad. Desde el sector se dan por suficientes los fondos aportados por el Ministerio de Agricultura, no así los provenientes de las comunidades autónomas.
Sin embargo, el sector agrario considera que el campo ha sido sujeto pasivo sufridor de una mayor siniestralidad provocada por la existencia de una mayor contaminación en la atmósfera, de la emisión de gases efecto invernadero... en definitiva de ese cambio climático con origen, sobre todo, en la actividad de sectores industriales. En consecuencia, se reclaman más fondos para evitar el pago de unas primas más caras por la mayor siniestralidad, pero que sean fondos procedentes de esos sectores causantes, no de la política agraria.
En un debate global sobre el futuro del seguro agrario, también le toca su parte de responsabilidad a la actividad de los propios agricultores para frenar los daños. Hay una siniestralidad agrícola que depende fundamentalmente de las condiciones meteorológicas, pero otra que puede ser modulada por la actividad de cada agricultor. En este marco tienen su importancia factores como las condiciones de laboreo del suelo, la preparación de la tierra, los periodos de siembra, la elección y selección de semillas o plantones, el uso del agua, de los terrenos de cultivo o de los parajes elegidos para plantar cada variedad de fruta en función de las características climáticas de cada zona... Manejando bien estos factores se podría evitar una alta siniestralidad provocada por la opción no adecuada a la hora de programar un cultivo. Aunque, una actividad que duerme bajo las estrellas, a pesar de toda las precauciones, siempre puede ser carne de cañón ante un siniestro inesperado.