La organización agraria UAGR exige que se recojan todas las uvas colgadas en las cepas de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja dentro de los márgenes permitidos por el Consejo Regulador y que se vigile que el pago por las mismas esté por encima de los costes de producción, ha informado este lunes en una nota.

Según sus datos, este año, por primera vez, pueden quedarse uvas colgando de las cepas al no encontrar los viticultores bodega para ellas, o al imponerse condiciones que impidan la vendimia.

Por este motivo, el sindicato solicita a la consejera de Agricultura de La Rioja, Noemí Manzanos, que cumpla su compromiso de que se recoja la totalidad de la cosecha, dentro de los márgenes permitidos por el Consejo Regulador de la DOCa Rioja para esta campaña.

La UAGR defiende que una Denominación de Origen Calificada de prestigio, como es Rioja, no se puede permitir que muchos millones de kilos de uvas de calidad "se paguen a precios claramente por debajo de los costes de producción.

Por este motivo, solicita a las administraciones públicas que complementen con ayudas directas la falta de rentabilidad en el sector, además de sancionar con multas realmente disuasorias a las bodegas que incumplan tan flagrantemente la Ley de la Cadena Alimentaria.

Para ello, propone que se abra un procedimiento de presentación de liquidaciones por debajo de los costes de producción, así la administración podrá compensar a los viticultores afectados por la pérdida económica y sancionar a las bodegas incumplidoras.

El sindicato señala que, según sus datos, hay algunas bodegas que siguen presentando a los viticultores contratos de uva muy por debajo de los costes de producción medios, en los que se señala que con ese precio cubren sus costes de producción.

Esto, a juicio de la Unión, es "un insulto y un claro abuso de poder de las grandes bodegas hacia unos agricultores que se ven obligados a firmar".

Estos contratos, por debajo de los costes de producción medios que el Gobierno de La Rioja marcaba para 2022 (0,70 euros el kilo de tinta), han de ser obligatoriamente registrados ante la administración, según la normativa en vigor desde julio.

De esta manera, entiende que la Administración ya tiene en su poder suficientes pruebas de los incumplimientos por parte de ciertas bodegas, por lo que "ha de proceder de inmediato a la apertura de una investigación que culmine en una sanción realmente disuasoria.

"Multas de 3.000 euros a una bodega que factura anualmente cientos de millones de euros son migajas que le permiten continuar con sus prácticas abusivas, mientras los viticultores se van a la ruina", ha afirmado Roberto Salinas, responsable vitivinícola de la UAGR-COAG.

"Por eso -ha continuado- las sanciones tienen que ser mucho más altas, para que no les compense seguir abusando y cometiendo este fraude".

Además, "estas bodegas deberían quedar fuera de todas las ayudas públicas: destilación, almacenamiento, para la exportación de vino…", ha dicho.

Para la UAGR, las ayudas directas son urgentes para dar seguridad a los viticultores y evitar el derrumbe de explotaciones, ya que en muchos casos llevan varias campañas cobrando en el entorno o por debajo de los costes de producción, a pesar del esfuerzo de reducir rendimientos que llevan haciendo en los últimos años (el 30% desde 2020).

Por último, la Unión ha reprobado que la actitud de ciertas bodegas de renombre, que avisan a los viticultores pocos días antes de la vendimia de que no les recogerán la uva este año, dejándoles sin margen de maniobra a estas alturas de la campaña.

También ha lamentado "decisiones incomprensibles de otras bodegas, que no dejan vendimiar porque no está la uva suficientemente madura, pero luego no la quieren porque se pasa de grado o porque tiene botrytis", por ejemplo.

Esta organización pide "cordura y comprensión a estas bodegas, y que no abusen de su posición de dominio sobre los viticultores; y a las administraciones que tengan en cuenta estos casos en el caso de que se habiliten ayudas directas", concluye el comunicado.