Perú valora ceses policiales por el registro a Boluarte

Europa Press
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El primer ministro critica que los agentes "reventasen" la puerta de la vivienda de la presidenta con un ariete, sin esperar a que la política abriera y dañando la imagen del país a nivel internacional

El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén - Foto: Europa Press/Contacto/El Comerci

El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, ha afirmado este domingo que no descarta la posible destitución del jefe de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional peruana tras el registro de la vivienda de la presidenta del país, Dina Boluarte, durante un operativo en el marco de la investigación por el caso Rolex.

"No estoy en condiciones de descartarlo, porque no es un tema que yo haya tratado", ha declarado el jefe de Gobierno al periódico La República, dos días después de que personal del Ministerio Público y Diviac comenzaran el registro de su domicilio por la comisión de delitos de enriquecimiento indebido y omisión de consignar declaración de documentos relacionados con relojes de lujo.

En este sentido ha subrayado que "no es común que, en los países, vayan y revienten la puerta de la casa a la presidenta". "Por ese simple hecho yo creo que resulta completamente desproporcional la medida que se adoptó. Creo yo que pudieron seguir tocando a la puerta, esperar un poco más. (...) No esperaron, ni siquiera diez minutos", ha manifestado.

Adrianzén considera que usar un ariete para ingresar a la fuerza en la casa de la jefa de Estado ha sido una medida desproporcionada y que daña la imagen del país a nivel internacional. Además, ha confirmado que el comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, ha sido citado por la presidenta este domingo.

Estos hechos se producen después de que el fiscal supremo adjunto de Perú, Hernán Mendoza, denunciara el miércoles que la mandataria no había acudido a las citaciones para explicar la procedencia de los relojes y joyas de lujo por los que se le acusa de un delito de posible enriquecimiento ilícito que ahora investiga el Ministerio Público. Expertos en joyería citados por la prensa peruana estiman en unos 500.000 dólares el precio de los relojes y joyas investigados.