La Rioja atendió cinco solicitudes de prestación de ayuda para morir en 2022, de las que se llevaron a efecto cuatro y en dos casos dieron lugar a la donación de órganos, según el informe elaborado por la Comisión de Garantía y Evaluación.
El sistema sanitario pone a disposición de los pacientes con una situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable, la posibilidad de solicitar esta prestación o de acogerse a otras medidas sanitarias, como los tratamientos paliativos; siempre a juicio del propio paciente, informa Efe.
Los datos aportados este lunes por el Gobierno de La Rioja, en una nota, añaden que el paciente puede expresar su voluntad previamente en el correspondiente documento de instrucciones previas, de forma que se pueda atender su voluntad si llegara a no estar en condiciones de hacerlo personalmente.
El Ejecutivo riojano, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, reguló en un decreto, en junio de 2021, los requisitos y condiciones precisas para garantizar la prestación de ayuda para morir en condiciones de seguridad jurídica y sanitaria.
Este decreto establece la puesta en marcha de una Comisión de Garantía y Evaluación, que es la competente para verificar y comprobar el riguroso cumplimiento del procedimiento establecido en la ley y en las demás normas aplicables.
Esta comisión actúa como órgano que resuelve cualquier reclamación frente a denegaciones de la prestación y sus resoluciones pueden ser impugnadas ante los tribunales.
La Comisión de Garantía y Evaluación, adscrita a la Consejería de Salud, está compuesta por tres médicos, una enfermera y tres juristas, asistidos por un secretario del Cuerpo de Letrados de la Comunidad Autónoma.
Este equipo multidisciplinar asegura el correcto cumplimiento del proceso seguido por los profesionales sanitarios que atienden la solicitud de prestación de ayuda para morir y comprueban el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones establecidos.
Además, revisan que la persona solicitante está en pleno uso de sus facultades al solicitar y ejercer este derecho, la corrección de los informes emitidos y de la documentación requerida, así como la corrección en la aplicación de la prestación mediante una verificación posterior.
A efectos de asegurar la prestación de la ayuda para morir a los solicitantes por parte del sistema sanitario riojano, el decreto regula un registro administrativo en el que se inscriben confidencialmente los profesionales sanitarios que rechacen proporcionar esta prestación por razones de conciencia.