Hace dos días, con el año ya iniciado, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, destacaba que se salda una deuda de años con los becarios «por justicia social» una vez que desde el 1 de enero todos los estudiantes españoles en prácticas formativas, alrededor de un millón de alumnos, tanto universitarios como de Formación Profesional (FP), deben estar dados de alta en la Seguridad Social.
Ayer mismo, el Ministerio de Trabajo consideraba «lógica» la existencia de tensiones con la puesta en marcha de una medida que ha acarreado críticas de empresas, universidades y de gobiernos autonómicos, y que en La Rioja beneficiará este años a unos 6.000 alumnos, aproximadamente un millar de universitarios y 5.000 de FP.
Así lo estima el viceconsejero de Educación, Universidades y FP, Miguel Ángel Fernández, que reconoce los valores de este cambio legislativo -incluido en el Real Decreto sobre las medidas económicas de la guerra de Ucrania -, de «asimilar» estos alumnos a trabajadores, un aspecto que considera como un derecho. Sin perjuicio de que el Ejecutivo riojano comparta las bondades de esta medida, critica la «falta de claridad y previsión» para su aplicación. «Nuestra preocupación ha sido máxima por la falta de planificación desde el Ministerio sobre algo tan importante y que va a afectar a un volumen considerable de alumnos», apunta el responsable de Educación, que critica la dificultad para despejar las dudas sobre su gestión.
Al respecto, la considera «precipitada», censura que el Ministerio la haya tomado sin consensuar con las comunidades autónomas y apunta la tardanza en despejar algunas incertidumbres respecto a alumnos que ya están cotizando -bien trabajando o en desempleo-, que perciban algún tipo de prestación o ya están jubilados, dudas que, según señala el viceconsejero riojano, aún no ha resuelto del todo la administración central.
«No se resolvieron hasta el 28 de diciembre, la incertidumbre era máxima y de ahí nuestra solicitud de la moratoria en la aplicación de una medida», que reitera que consideran «correcta», pero carente de desarrollo. Al respecto, informa de que recibió el 2 de enero -con la ley ya en vigor- una comunicación de la Tesorería de la Seguridad Social en la que ofrecía respuestas a algunas de las preguntas pendientes.
A cargo, la administración. Miguel Ángel Fernández justifica su «máxima preocupación» en el hecho de que, en principio, debían ser las empresas donde los estudiantes realizan sus prácticas las que debían encargarse de las altas, una circunstancia que entraña gran complejidad en el tejido productivo riojano. Al respecto, relata que en un primer sondeo de urgencia realizado entre las mercantiles, de 142 solo 17 estaban dispuestas a materializar esta obligación, lo que ha conducido al Gobierno de La Rioja «para garantizar que ningún alumno se quede sin la posibilidad de titular» a determinar que sea la Consejería de Educación la que tramite las altas.
Respecto a la cotización, será la comunidad autónoma la que se haga cargo del coste de los alumnos de FP, que luego será bonificada en un 95% por parte de la Tesorería y el 5% restante por el Ministerio de Educación, un reparto que, en su opinión, dificultará la gestión.
Estima que la nueva mecánica va a «desvirtuar» el propósito de las cotizaciones porque el historial laboral del alumno contemplará que esa afiliación ha correspondido a la Consejería de Educación, y no a las empresas donde se realizan las prácticas. Considera, además, que supondrá un considerable aumento de cotizantes de forma «artificial», ya que son alumnos en prácticas, que nunca pueden sustituir a un trabajador.
A pesar de estas pegas, asegura que La Rioja lleva varios meses trabajando para «estar preparada» para responder a la obligación de dar de alta a este volumen de alumnos de FP, una medida de la que se encargará directamente la Consejería de Educación. Estima que la propuesta ministerial de que fueran los centros los que hicieran frente a la misma demuestra «un desconocimiento de la realidad de gestión de un tema tan complicado». No obstante, adelanta que se coordinarán con institutos y colegios para establecer fehacientemente las fechas en las que se inician las prácticas, cuando concluyen o las faltas.
Fernández, que señala que algunas empresas podrán afrontar directamente la gestión de este requerimiento, apunta que todos los alumnos de FP, básica, grado medio o superior, realizan prácticas que, de manera general, se inician en marzo, mes en el que se espera el aluvión.
Para hacer frente a esta nueva obligación, se ha reforzado ya con una persona la plantilla del departamento, que se complementará con otro técnico.
Cientos de empresas -algunas que acogen a decenas de alumnos a lo largo del curso-, administraciones públicas u asociaciones forman a alumnos en prácticas, que desde el 1 de enero ya cotizan en la Seguridad Social en una iniciativa que el viceconsejero de Educación reitera que es «positiva, pero que el Ministerio ha impuesto con precipitación y presenta todavía asuntos sin resolver.
Alumnos sin NIE. El viceconsejero de Educación, Universidades y FP, Miguel Ángel Fernández, manifiesta también su descontento al desconocer que les aguarda a los alumnos foráneos que carecen de NIE, Número de Identidad de Extranjero, ya que es esencial contar con un documento de identificación para cotizar a la Seguridad Social.
«¿Puede esta medida desanimar a algún colectivo vulnerable de alumnos?», plantea uno de los responsables de la educación riojana, que muestra su «preocupación» porque el Ministerio no haya tenido en cuenta este extremo y garantizar así su derecho a la educación.
Asegura además que desde su Consejería se darán los pasos necesarios para que la gestión de las altas a la Seguridad Social no disuada a las empresas o instituciones de contar con alumnos en prácticas.