Agustín Nur se felicitaba el martes después de que el Congreso de los Diputados aprobara, con una mayoría abrumadora -solo Vox votó en contra-, tomar en consideración de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que él promovió y que ha contado con el respaldo de 611.821 firmas para debatir la regularización de inmigrantes sin papeles llegados a nuestro país antes de noviembre de 2021.
Diferentes entidades de la Iglesia, como la Conferencia Episcopal, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) o Cáritas -a la que se atribuye el sí del Partido Popular- han celebrado la decisión, que ha salido adelante también gracias a un cambio de opinión del Partido Socialista.
En el éxito de esta ILP ha jugado un papel crucial Cáritas de La Rioja que, con más de 3.100 firmas, recogió el 90% de las que reunidas en esta comunidad -ha ocupado el puesto 23 en el ránking nacional-, que valora la toma en consideración de una medida que, según las estimaciones, puede beneficiar a medio millón de personas
«Para nosotros ha sido un hito, hemos trabajado mucho», señala Marcos Montoya, técnico del programa de Migrantes de Cáritas La Rioja, que relata cómo, al igual que otras organizaciones que tratan con personas sin papeles, son conscientes de las dificultades con las que se encuentran a la hora de obtener la documentación, aun perfectamente integradas.
Sin una cifra oficial sobre las personas que pueden resultar beneficiadas en La Rioja, los cálculos de Montoya cifran en 335 el número de ciudadanos, llegados entre 2018-2021, una cifra que, él mismo, reconoce, puede ser mucho mayor, a pesar de que fue un periodo más de idas que de venidas.
Destaca, además, que el gran flujo migratorio se produjo después de la pandemia, con la inmigración, en particular, de personas provenientes de Latinoamérica, Marruecos y el África subsahariana. Estos ciudadanos quedarían al margen, en principio y en espera de su desarrollo, de la futura normativa que en esta comunidad favorecerá mayoritariamente, de salir adelante, a personas de Marruecos y Colombia.
Economía sumergida. Montoya informa de la complejidad que entraña adquirir papeles ante la dificultad que presenta el cumplimiento de todos los requisitos de la Ley de Extranjería, en particular, el de precontratos laborales. «Es una situación que todas las entidades venimos denunciando», recuerda el representante de Cáritas, que señala que su actividad laboral se desarrolla en la economía sumergida, con todas las consecuencias que acarrea, carencia de contrato y ausencia de los recursos de prevención de riesgos laborales o de prestaciones contributivas, como la de desempleo o las bajas si se sufre un accidente laboral. Montoya menciona también el problema de la vivienda -a un precio elevado y con dificultades de acceso-, lo que oblga a varias familias, aun sin parentesco, a compartir habitaciones, un fenómeno creciente. «Al no poder contar con empadronamiento, el acceso a muchos recursos es limitado», cuenta el técnico del programa de Migrantes de Cáritas.
De hecho, la medida, según sus promotores, acabará con la vulneración de los derechos fundamentales de estos migrantes, y las barreras que les impide contribuir económica y fiscalmente a la sociedad, además de acceder a un trabajo digno, vivienda, salud o educación.
Satisfecho con la toma en consideración de ILP, casi de manera unánime, avanza que «estar atentos» a los condicionantes que se establecen para esta regularización extraordinaria -PSOE y PP ya han anunciado que introducirán enmiendas- a partir del mes de mayo. El retraso de la tramitación de la ILP -estaba pensada la entrega de firmas en septiembre de 2022- ha limitado la fecha de regularización a noviembre de 2021, que habrá que ver si se modifica.
Esta iniciativa comenzó su camino hace más de dos años, con una campaña de recogida de firmas de una comisión promotora formada por la red '#RegularizaciónYa', Fundación para la Ciudadanía Global, REDES, Cáritas, Alianza para la Solidaridad y el partido Por un Mundo Más Justo.
La última regularización de estas características en este país -de las que se han llevado a cabo seis- se realizó en 2005 bajo el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, benefició a 600.000 inmigrantes extracomunitarios y generó unos 2.300 millones de euros de ingresos anuales extra para la Seguridad Social, según los cálculos de instituciones académicas de Barcelona.