El Consejo de Ministros aprobará hoy la que será la primera medida estrella de cara a las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo, la «movilización» de 50.000 viviendas «a precio asequible» para alquiler propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).
«El tema de la viviendas es un problemón», argumentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez cuando anunció el domingo una medida que prevé poner 21.000 viviendas a disposición de municipios y comunidades autónomas; impulsar el alquiler social con las 14.000 viviendas ya habitadas de ese parque, y la promoción de la construcción de hasta 15.000 viviendas públicas en suelos disponibles del denominado banco malo. Según los datos que figuran en la web de la Sareb, en La Rioja tiene aún 1.374 propiedades de diferentes tipologías, viviendas, de distintas características, como chalés o pisos en urbanizaciones; anexos, esto es garajes o trasteros;solares; obras en curso y otras para uso terciario, locales, comercios u oficinas.
En concreto, posee activos en 36 municipios, de los que alrededor de 525, el 39% son viviendas repartidas por 23 localidades, aunque el grueso de ellas se encuentran en la capital y en los núcleos del área urbana, de tal manera que 88 se ubican en Logroño. Sareb poseía ne la tarde de ayer 89 en Lardero, 85 en Agoncillo, 50 en Albelda y 47 en Villamediana. La otra localidad riojana en la que la sociedad creada por el gobierno del PP de Mariano Rajoy para comprar los inmuebles y los activos tóxicos de las entidades rescatadas tras la crisis financiera de 2012 tiene gran número de inmuebles es Cirueña, donde se asientan 51 viviendas, ubicadas, en la urbanización nacida entorno al campo de golf.
Hay otros núcleos de población que suman más de una veintena, como es el caso de Nájera, que cuenta con 27;Alberite y Castañares, que contabilizan 20 cada uno.
El hecho de que haya viviendas sin vender no es óbice para que haya otras que estén en curso; en concreto hay 292 «unidades», de las que el grueso se encuentra en dos municipios, Galilea, donde hay 123; y Villamediana, con 111. Se trata de diferentes promociones, con varios bloques de viviendas o unifamiliares, que quedaron inacabadas tras la explosión de la crisis inmobiliaria. Igualmente, mantiene 289 propiedades encuadradas en el capítulo de anejos, la mayoría de los cuales, aunque no en todos los casos, se encuentran en las localidades donde más pisos posee; así hay 58 en Albelda, 54 están en Lardero y 33 en Logroño y Villamediana. Hay un cuarto capítulo referente a obra construida, los inmuebles de uso terciario, para usos comercial o industrial, de los que tiene 106, la mayoría, 42 de ellos, se encuentran en Logroño.
En la cartera de la Sareb figura además un voluminoso número de solares, en concreto 165, de los que en Logroño se encuentran 28, aunque hay 23 en Ochánduri, y 19 en cada uno de los dos pueblos riojanos que sufrieron una explosión constructora a la sombra del campo de golf, Cirueña y Sojuela.
Es la propia Sareb la que informa en su web de que estas propiedades pueden encontrarse en diferentes situaciones (en comercialización o en proceso de adecuación, cedidos a administraciones públicas para alquileres sociales).
Eficacia dudosa. En este contexto, miembros del sector dudan de la eficacia de una medida que consideran más cosmética que con implicaciones reales. Oscar Martínez Solozábal, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios, argumenta que se trata de una iniciativa que hubiera sido bienvenida hace unos años, pero en la actualidad considera que muchas viviendas «no están en condiciones» para alquilar. «Gran parte necesitarán reformas para ponerlas en marcha», reitera Martínez Solozábal, que entiende que no van a estar en las zonas tensionadas, «sino en pueblos», ni tampoco en los mejores entornos «porque se han ido vendiendo a lo largo de estos años». Juan Ramón Liébana, secretario general de la Asociación de Empresarios de Construcción (CPAR), muestra, igualmente, su desconfianza hacia una medida que prevé que 21.000 viviendas pasan a comunidades y municipios, «que no son gratis», y que, por tanto, «deberán poner dinero para adquirirlas».