El sector cree que la ley de vivienda disuadirá a propietarios

Feli Agustín
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Constructores e inmobiliarias entienden que no supondrá una rebaja del precio de alquiler y vaticinan que perjudicará a los arrendadores particulares, que suponen más del 95%

Viviendas en construcción en la calle Rodejón, entre el Parque San Miguel y Avenida de Burgos. - Foto: Óscar Solorzano

El visto bueno que hoy dará el Gobierno de España a destinar 50.000 viviendas a alquiler social es la segunda actuación de calado en este ámbito que el ejecutivo de Pedro Sánchez ha adoptado en los últimas fechas. El anuncio se produjo días después de que -tras años paralizada-, el Gobierno de coalición alcanzara un acuerdo con ERC y Bildu sobre la Ley de la Vivienda, que regulará diferentes ámbitos del sector inmobiliario, con especial atención al alquiler, que no podrá subir más de un 2% este año y un 3% el próximo.

A la espera que la normativa reciba la aprobación del Congreso, ni a promotores ni al sector inmobiliario les gusta  y, al respecto, Juan Ramón Liébana, secretario general de la Asociación de Empresarios de Construcción de La Rioja (CPAR), reflexiona que actuaciones de estas características han demostrado su nula eficacia y han supuesto la subida de los alquileres. Justifica su afirmación en el caso de Barcelona donde asegura que, el precio del alquiler «topado», ha traído como consecuencia una subida «del 12,7% en los pisos más baratos», y una bajada, muy inferior, del 2,9% en los pisos más caros, cuya oferta se ha reducido en un 36%, según recoge ESADE.

Liébana rechaza las afirmaciones que apuntan a que este tipo de normativas alejan a los fondos buitres y asegura que más del 95% de los pisos que se ponen en alquiler están en manos de particulares, con lo que se puede entender que «se esta interviniendo» en las vidas de los ciudadanos. Al respecto, argumenta que se puede instalar una «tenencia tuteladas del Estado», de tal manera «que el gobernante de turno pueda decidir qué puedo y no puedo hacer yo con mi vivienda» en función de sus intereses. «Esto es hacer política con la vivienda, no política social de vivienda», afirma Liébana, que apunta que su influencia en La Rioja dependerá de si se declara alguna zona tensionada, una posibilidad que no considera necesaria.

Subir el precio. Oscar Martínez Solozábal, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios, destaca que, lejos de bajar el precio del alquiler, la ley propiciará su subida a excepción de alguna zona «especialmente tensionada». Entiende que va a disuadir a los propietarios y coincide con Liébana en citar ejemplos de ciudades, como Berlín, donde la limitación de los precios del alquiler supuso un fracaso «porque desaparecieron muchos pisos».

Son varios los argumentos que esgrime para rebatir la bondad de esta medida, entre los que menciona «la desactualización» de las viviendas. «¿Quién va a invertir en arreglos o mobiliario si estás cobrado una renta limitada?», se plantea Martínez Solozábal, que señal que en La Rioja los precios «son razonables». Asegura que el problema reside en el desequilibrio entre demanda y oferta, «que es imposible que aumente si no se dan facilidades a los propietarios o posibles inversionistas» y rechaza la calificación de grandes tenedores a los poseedores de cinco inmuebles que, apunta, «pueden ser dos pisos y tres garajes por lo que se puede ingresar una suma limitada». Entiende que deberían calificarse los 'grandes tenedores' en función de los ingresos.

«Hay muchas cosas que no dan garantías para alquilar», señal el experto que apunta que hay quien paga una hipoteca con el alquiler, y mientras se ha disparado el coste de una no se puede subir el del otro.