Las altas ficticias a la Seguridad Social se multiplicaron por cinco en La Rioja tras la pandemia. El año pasado fueron 43 las detectados por la Inspección de Trabajo mientras que 2019 solo se denunciaron 5. Este tipo de fraude ha ido en aumento año a año pero el salto entre 2021 y 2022 ha sido significativo ya que pasaron de 22 a 43 en 365 días. Detrás de este fraude está la aspiración de cobrar una prestación por desempleo o jubilación de forma legal pero utilizando métodos que están totalmente fuera de la ley. Así, la mayoría de casos de altas ficticias están relacionadas con aquellas personas que son dadas de alta en la Seguridad Social como, por ejemplo, empleados de hogar, cuidadores de personas dependientes o bien, en hostelería, en empresas o empleadores que no existen. El fin es cobrar un prestación pública.
No es el único fraude detectado por Inspección de Trabajo. Existe lo que se conoce como altas fraudulentas y también llevan de cabeza a la Seguridad Social. En 2022 fueron 486 detectadas en nuestra comunidad. En este caso, sí que existe la empresa que emplea a una o varias personas sin que éstas presten ningún servicio. Y en este caso, también el fin último es conseguir una prestación. El supuesto trabajador literalmente 'compra' un contrato para poder cobrar el paro, por ejemplo, o cualquier prestación de la Seguridad Social. La mayoría de este fraude se da en sectores como la Construcción, Limpieza y Hostelería. Si bien este fraude es más numeroso que el anterior, ha ido descendiendo progresivamente año a año. En 2021 fueron 753 los casos detectados mientras que en 2019 ascendían a 1.095.
Detectar un fraude a la Seguridad Social no siempre es tarea sencilla. Desde Inspección de Trabajo se informa que el primer aviso suele producirse cuando se cotejan los datos de la Agencia Tributaria y la de la Seguridad Social y algo no encaja. Es entonces cuando los funcionarios de la Seguridad Social ponen el conocimiento de Trabajo la posibilidad de que se esté produciendo un fraude para que los inspectores comiencen a investigar el caso y proceder a la denuncia.
Una vez que hay certeza del fraude se procede a las sanciones que no son iguales para las personas datas de alta manera fraudulenta que para las empresas. Según la Ley sobre Infracciones y Sanciones de Orden Social de 2002, las personas que acceden a ser dadas de alta ficticias comenten un delito grave contra la Seguridad Social y por tanto se les aplica una sanción en correspondencia, especialmente si lo hace en connivencia con el empresario para la obtención indebida de prestaciones públicas.
«La administración actúa de forma preventiva y procede a suspender el derecho a cobrar la prestación que se pretende cobrar», señalan fuentes de Inspección de Trabajo, «y si se ha logrado acceder a una prestación, ésta dejará de pagarse. Una vez levantada el acta por parte de Trabajo y Seguridad Social, se procede a imponer un multa».
En el caso de las personas fraudulentamente contratadas es una sanción administrativa que conlleva perder la prestación durante seis meses y o bien, la exclusión total de recibir una prestación de la Seguridad Social.
Por otra parte, los empresarios o responsables de la alta ficticia se enfrenta a una multa económica que puede alcanzare los 225.019 euros, en función del número de trabajadores dado de alta de manera fraudulenta, además de la suspensión inmediata de estos supuestos empleados de la empresa.
Buzón de 'chivatazos'. Toda ayuda es poca para que la Administración pueda dar con los infractores. En 2012 el Ministerio de Seguridad Social y la Inspección de Trabajo pusieron a disposición de los ciudadanos el Buzón contra el Fraude a la Seguridad Social. La administración solicitaba así, la colaboración ciudadana para detectar los posibles casos de fraude en el cobro de subvenciones, prestaciones o bienes no declarados a Hacienda. El ciudadano podía, literalmente, denunciar a otro ciudadano bajo el más absoluto anonimato. El Gobierno central ponía en marcha esta herramienta ante el aumento del fraude a la Seguridad Social que se detectó tras la crisis económica de 2008 en toda España.