Ha sido el propio Ministerio de Economía el que ha reconocido que los Perte (Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica) no han cumplido las expectativas generadas, extremo en el que coinciden sindicatos y empresarios, y que corroboran diferentes departamentos de análisis. Las elevadas ilusiones que despertó un programa «sin precedentes de inversiones y reformas», financiado con los fondos europeos Next Generation, «para impulsar un crecimiento económico más sostenible y justo», se contagiaron a La Rioja, específicamente al potente sector agroalimentario, que experimenta una profunda decepción con el resultado.

«Las condiciones de participación no compensaban los riesgos y la complejidad que exigían», señala Sheyla Argaiz, responsable del departamento Internacional y la Oficina de Fondos Europeos de la Federación de Empresas (FER), que argumenta que su configuración no favorecía la participación de las empresas.

El desenlace de uno de los proyectos nacidos en La Rioja certifica las afirmaciones de Argaiz, que recuerda que se exigía que la presencia empresarial se configurara a través de consorcios y limitaba los ámbitos en los que se podían realizar las inversiones, con gran carga burocrática y el requisito de responsabilidad solidaria con el resto de socios. Era enero de 2021 cuando dos de las grandes compañías españolas del sector, Palacios y Cidacos, lideraban uno de esos proyectos de transformación, el Ebro Food Valley que, casi tres años después y reconvertido en Spain Food Valley, ha sido aprobado por el Ministerio de Industria, aunque ya sin la presencia de las firmas riojanas.

La ausencia de los promotores de este plan en su materialización ejemplifica la incidencia del Perte agroalimentario en La Rioja, donde sin perjuicio de la presencia de alguna otra, apenas dos bodegas, Riojanas y Bilbaínas, y empresas como Avanzare, dentro del proyecto EcoFood,  han logrado colarse en alguno de los trece proyectos aprobados hace unas semanas, una circunstancia, cuanto menos llamativa, en una comunidad con la elevada incidencia económica que supone el ámbito agroalimentario.

En concreto, según el observatorio sobre el sector agroalimentario de las regiones española, un estudio de referencia que elaboran anualmente por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la Universidad de Valencia,  el sector aporta el 18,8 % (1.377 millones de euros) del VAB de La Rioja, lo que la convierte en la región española en la que más peso tiene en la composición del PIB.

La responsable de la FERreconoce  que las intensidades de ayuda por tipo de gasto resultan «interesantes», pero están sometidas a muchas reglas», que lo limitan, lo que disuade de la participación de las compañías, que consideran que el resultado «no compensa las obligaciones, riesgos y complejidad» que el proyecto entraña.

Relata que las actuaciones elegibles no cubrían el grueso de los costes en activos excepto cuando se trata de inversiones en medio ambiente y sostenibilidad e, incluso en este caso, fijaban numerosas limitaciones. «En la compensación entre beneficios con riesgo/obligaciones no le salen las cuentas a ninguna compañía», apunta Argaiz, que no esconde su decepción ante la conclusión de un Perte «que no favorecía en absoluto la participación» de unas empresas que en esta comunidad tienen «importantes e interesantes proyectos de inversión», también  ligados a la sostenibilildad y la digitaliación.

¿Y el vino? En términos similares se expresa Alberto García, responsable de digitalización y fiscalidad de la Federación Española del Vino (FEV), que ha logrado el visto bueno de uno de sus proyectos, en el que participa Bodegas Riojanas, que destaca la «escasa» presencia del sector vitivinícola.

Los argumentos que maneja para explicar esta participación anecdótica apuntan a que la burocracia, la exigencia de crear consorcios, el importe minino exigido para la configuración de un proyecto o los plazos han contradicho las perspectivas iniciales de mayor dotación y menor complejidad. «Los requisitos han hecho imposible el acceso», explica García, que añade que «si las empresas grandes han tenido problemas» para facilitar toda la información exigida, «para micro, pequeñas o incluso medianas», el volumen de dificultad ha sido aún  mayor. 

Destaca además que se ha constreñido a la industria agroalimentaria y ha dejado al margen iniciativas vinculadas al campo o al viñedo. «El número de requisitos de todo tipo que se exigían y la exclusión del campo han desincentivado la participación a todo el sector del vino», afirma García, que reconoce la implicación de empresas riojanas del espectro TICen los primeros estadios del Perte, cuya dilación o el obligado cambio de estrategias, entre otras circunstancias, les han apartado.

De cara a la segunda convocatoria, el responsable de la FEVconfía en  que esta experiencia sirva «para aprender de los errores, abra los proyectos a la viticultura, rebaje los requisitos administrativos y permita proyectos individuales y «no en consorcio como ahora», condiciones que, en su opinión, han conducido este Perte al «fracaso».